Ley de Alquileres: el desesperado pedido de los inquilinos a Alberto Fernández

Inquilinos y propietarios se pusieron de acuerdo en algo: en que a la Ley de Alquileres vigente hay que cambiarla. Y en eso están desde agosto de este año cuando la Cámara de Diputados de la Nación aprobó, el 23, la reducción de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes. 

Días más tarde se aprobó un dictamen impulsado por el oficialismo que establece tres años como plazo mínimo legal de locación y agrega que "los contratos de locación con destino" a vivienda serán estipulados "en valor único en moneda nacional y por períodos mensuales sobre el cual podrán realizarse ajustes con periodicidad a intervalos no inferiores a seis meses". También modifica el mecanismo de actualización del precio de los alquileres y toma el Coeficiente Casa-Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat que se compone del menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Esta semana estaba previsto que se realice una sesión en el Senado para tratar la modificación de la ley, sin embargo no se va a realizar por lo que la asociación Inquilinos Agrupados lanzó un fuerte pedido al presidente de la Nación, Alberto Fernández: "Las organizaciones inquilinas del país seguimos insistiendo a Alberto Fernández que decrete la extensión de los contratos frente a la extorsión que estamos vivienda por parte de las inmobiliarias que nos hacen contratos de 3, 6 meses o 1 año con aumentos ilegales. Es demasiado sensible no saber dónde vamos a vivir o cómo vamos a pagar el alquiler", señalaron y recordaron que "la ley de alquileres sigue vigente y todo contrato firmado tiene validez por 3 años y aumento anual", sin embargo insistieron en un punto: "Más allá de cuestiones legales, necesitamos que el Estado gobierne y garantice de manera urgente la vivienda de 10 millones de inquilinos e inquilinas".

Hasta el momento no existe una postura unificada entre los bloques ya que, mientras Juntos por el Cambio busca aprobar la iniciativa tal como vino de la Cámara baja, el Frente de Todos quiere introducirle modificaciones. En principio, además del proyecto que tiene sanción en Diputados, los integrantes de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda tienen en estudio otros ocho expedientes presentados desde 2022. Se trata de los proyectos de los oficialistas Magdalena Solari Quintana, María Clara del Valle Vega, Maurice Closs y Silvia Sapag; y los de los opositores Julio César Martínez, Carolina Losada, Guadalupe Tagliaferri y Lucila Crexell.