Mendoza y su realidad sobre los abortos legales: cuántos se realizan y cómo
La provincia registra unas 5 mil prácticas relacionadas a la interrupción voluntaria del embarazo desde que la Ley comenzó a ser aplicada en 2021. El uso del misoprostol es el recurso más utilizado. Las problemáticas asociadas a los embarazos no deseados y los detalles de la normativa.
Desde que la Ley que contempla el acceso de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) comenzó a ser aplicada en Argentina en Mendoza se practicaron 5 mil abortos legales desde esa fecha hasta fines de 2022, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de Mendoza. Ese total, equivale a un promedio de 208 prácticas mensuales en promedio y cerca de siete diarias. La demanda de tratamientos focalizados al abordaje de casos en los cuales la progresión del embarazo no forma parte del proyecto de la mujer, según la cartera sanitaria, se ha mantenido en forma sostenida en esos años.
Para las autoridades la aplicación de la Ley que establece y regula el acceso de esta alternativa (cuya aplicación es obligatoria) ha representado un avance en materia de salud sexual y reproductiva debido a la notoria baja en relación a la cantidad de abortos autoinducidos que en épocas pasadas fueron causa de severas infecciones y cuadros de gravedad, que llegaban a las maternidades de la provincia, ocasionando un mayor riesgo de mortalidad femenina.
Valentina Albornoz, jefa del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Mendoza, detalló que el tratamiento más aplicado en la provincia es el que se realiza con la droga misoprostol. Se trata de uno de los medicamentos autorizados para estos fines; su efecto sobre el organismo de la mujer una vez iniciado el tratamiento (previo a la realización de la solicitud y la asistencia a una consejería) produce contracciones en el útero para provocar la expulsión del contenido uterino: el saco gestacional y el tejido (similar al de la menstruación) que lo rodea.
"Desde que la Ley comenzó a ser implementada en el país y la provincia no hemos registrado casos de mortalidad materna como consecuencia de abortos autoinducidos. El misoprostol colabora a reducir los efectos secundarios y desde el sistema de salud se efectúa el seguimiento necesario desde que la mujer realiza su pedido en el efector estatal, que puede ser desde un centro de salud hasta una de las maternidades que hay en la provincia, hasta que finaliza su tratamiento", aseguró la funcionaria.
En relación a las edades de las mujeres que han solicitado acceder a la IVE, Albornoz detalló que en realidad no existe una estadística. "La Ley establece el acceso de todas las mujeres, más allá de su edad. Es un servicio de salud, por eso está a disposición de todas aquellas que lo soliciten", aclaró la funcionaria y detalló que desde que el Congreso Nacional aprobó la normativa que regula a esta práctica en el país, además de reducirse la tasa de internaciones por el riesgo que generan los abortos autoinducidos, también fue posible mitigar la existencia de sitios donde éstos se practicaban de manera ilegal y sin los procedimientos ni las condiciones ambientales adecuadas para efectuarlo.
La Ley
Ley Ley Nacional que regula y establece la obligatoriedad del sistema de salud estatal para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país, es la Nº 27.610. Entró en vigencia a nivel nacional el 24 de enero de 2021. Autoriza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive. y garantiza la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. A partir de esta normativa, las mujeres y personas con otras identidades de género tienen derecho a interrumpir la gestación hasta la semana catorce desde el momento de la concepción, sin tener que explicar los motivos de su decisión. También se aplica cuando el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona.

En todos los casos, el acceso de los métodos anticonceptivos y la garantía al momento de acceder es otro derecho contemplado en esta ley, cuya aprobación fue motivo de extensos debates planteados de diversos sectores sociales. En tanto que se trató de una demanda histórica llevada adelante sobre todo, por las asociaciones dedicadas a defender los derechos femeninos.
Desde que la persona realiza su pedido en el efector de salud, no pueden pasar un período mayor a los diez días corridos. "Además del servicio de consejería, la mujer accede a la realización de estudios médicos previos a la práctica y se le solicita firmar un consentimiento informado. En el caso de que estos plazos no sean respetados, se debe llamar al número 0800-222-3444", destacó Albornoz. En los casos en los que las pacientes son menores de 14 años se considera que la gestación fue producto de una violación; por ello se activan además otros protocolos específicos relacionados a proteger los derechos de la infancia y dar con el abusador.
La Encuesta Provincial de Victimización 2021 colaboró a esclarecer las estadísticas relacionadas a la violencia sexual a la que miles de mujeres aún se ven sometidas: en al menos13,7% de las 1.510 viviendas en las que se realizó el cuestionario incluido en esta herramienta de medición, alguno de sus integrantes (la mayor parte mujeres) dijo haber sido víctima de alguna ofensa sexual, categoría en la cual se incluyeron los abusos sexuales y la violación.
Objeción de conciencia y dilaciones, obstáculos que preocupan
Desde su labor en la militancia feminista, la diputada mendocina por el Frente de Todos y Todas, Laura Chazarreta, es una de las figuras que más se ha referido a la temática del acceso a la salud de las mujeres. De hecho, en la actualidad es integrante de La Colectiva. Sostiene Chazarreta que una de las necesidades más repetidas que surgen en función de las demandas actuales relacionadas a la aplicación de esta ley, tiene que ver con las dilaciones existentes desde que la mujer solicita la IVE hasta que esta efectivamente se cumple.
"Tenemos que el 50% de los profesionales de salud que pueden realizar el tratamiento, presenta una objeción de conciencia. Otra situación tiene que ver con la entrega de turnos, que muchas veces demoran unas tres semanas", detalló Chazarreta y recordó que en los casos en que se solicita una IVE el tiempo, justamente, es apremiante.
Chazarreta agregó además que es importante que todas las mujeres cuenten con toda la información necesaria sobre qué es lo que va a pasar en su cuerpo con ese tratamiento. "A veces no saben, por ejemplo, todo lo que implica el otro procedimiento utilizado, que es el legrado o aspiración manual endouterina", destacó Chazarreta y remarcó la importancia de reforzar la llegada de las mujeres de sectores más vulnerables al sistema de salud para lograr prevenir los embarazos no deseados y acceder de manera más ágil a los métodos anticonceptivos necesarios.
"Nadie puede estar de acuerdo con un aborto con todo lo que eso implica, pero es una realidad que estas situaciones siguen sucediendo como consecuencia de las limitaciones que plantea el propio sistema. A eso se suman las situaciones de violencia naturalizada a la que las mujeres siguen estando expuestas", remarcó Chazarreta y citó que es fundamental comenzar a poner en el centro de los debates la responsabilidad de los varones en la fecundación. "Las mujeres tenemos derecho a decidir por nuestros cuerpos y proyectos de vida. Esto se debe dar en el marco de una justicia social que colabore a reducir las brechas y garantizar los derechos de las mujeres en todos los planos de la vida", expresó la diputada feminista.

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