MDZ en Mar del Plata

La Justicia ordenó el desalojo del predio tomado en Mar del Plata y amenazaron con "quemar casas"

Cerca de un centenar de personas será desalojado del terreno de cuatro hectáreas que delimitaron con cables, alambres y palos.

Federico Bruno
Federico Bruno martes, 21 de marzo de 2023 · 21:49 hs
La Justicia ordenó el desalojo del predio tomado en Mar del Plata y amenazaron con "quemar casas"

A una semana del comienzo de la toma de un terreno de cuatro hectáreas en la zona sudoeste de Mar del Plata, la Justicia ordenó el desalojo y hay una vigilancia policial hasta que se haga efectivo porque los usurpadores amenazaron a vecinos de la zona con "quemar casas".

De esta manera, se desmontará el campamento que montó un centenar de personas en el terreno del barrio Las Heras que delimitaron con cables, alambres y palos.

Lo que comenzaron unas diez personas en la tarde del martes pasado se propagó en la extensión del predio donde actualmente un centenar de desconocidos -la mayoría encapuchados- "se dividieron los terrenos", tal como expusieron los vecinos del barrio que sufrió otra ocupación de similares características hace dos meses que luego fue disuadida.

Por orden del fiscal Juan Pablo Lódola se dispuso la liberación y restitución de los terrenos a quienes se presentaron como titulares de las parcelas de tierra que tenían algunos carteles de venta que fueron arrancados por los usurpadores.

Terrenos usurpados.

El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) tuvo lugar tras el fracaso de la instancia de mediación penal abierta entre las familias que intervienen en la toma y las personas que presentaron títulos de propiedad del lugar.

Las partes habían sido citadas por la UFI 12 el último viernes, para participar en una audiencia que contó con la presencia del coordinador general de mediación penal, Sergio Irigoin, y en la que intervinieron además representantes de las áreas de Desarrollo Social y Niñez municipales, tal como prevé el protocolo de la Suprema Corte bonaerense para casos que involucren a grupos de personas en situación de vulnerabilidad.

Reacción del oficialismo

El intendente Guillermo Montenegro y el concejal del PRO, Agustín Neme, distinguieron que "se trata de delincuentes organizados" que actuaron, también como afirmó el escrito de Lódola, mediante el uso de "violencia y amenazas", ya que se consideró acreditado que en el lugar fue arrancado un cartel de venta del predio, colocado por una inmobiliaria, y que "los ocupantes tomaron los terrenos a sabiendas de que los mismos no les pertenecen y en distintos horarios incluyendo la noche".

Tras la ocupación de los lotes, según precisó el titular de la UFI 12, las personas que intervinieron "comenzaron a delimitarlos con cables, alambres y palos, permaneciendo en el lugar a pesar de la intervención del personal policial perteneciente a la comisaría Distrital Decimosexta".

Señaló, además, que actuaron "amenazando a vecinos de la zona, quienes pretendían denunciar el hecho, para que no llamaran a los medios de comunicación y que de lo contrario les prenderían fuego sus viviendas".

El fiscal aseguró que los propietarios de los terrenos "además de acreditar su carácter de titulares", probaron también "que ejercen la posesión efectiva y pacífica a través de terceras personas".

A partir de estos elementos y tras el fracaso de la instancia de mediación, pidió al Juzgado de Garantías 5, a cargo de Gabriel Bombini, que disponga el desalojo y la restitución del predio.

Solicitó en ese sentido que se cumplan con los protocolos provinciales, que indican que el procedimiento debe realizarse de día y que en caso de solicitar intervención de la fuerza pública debe actuar "con el mayor cuidado de la integridad física de las personas que ocupen el predio y de sus bienes". Precisó a su vez que debe hacerse "uso de la fuerza solo en caso de que resulte indispensable" y "en la menor medida posible".

En noviembre último, se produjo una toma en un predio municipal ubicado a unos 500 metros, que se desactivó de manera pacífica, luego de que la justicia de Garantías ordenara el desalojo por tratarse de un terreno inundable, utilizado por Obras Sanitarias Sociedad de Estado como reservorio en caso de lluvias.

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