Opinión

Por qué intentan destituir buenos jueces

Una organización internacional y una feminista radicalizada se enfurecen por magistrados que cuidan de una niña abusada.

Martín Zeballos Ayerza miércoles, 28 de septiembre de 2022 · 22:05 hs
Por qué intentan destituir buenos jueces

Condenaron al violador. En 2020, los jueces Alejandro Sañudo, Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, condenaron a 35 años de prisión a un hombre, por abuso sexual contra su media hermana de 14 años. Se preocuparon por el bienestar emocional de la niña víctima. La niña, a quien llamaremos Laura, quedó embarazada y se la hizo abortar con cinco meses y medio de gestación, antes de que los jueces intervinieran. Pero ese aborto se llevó a cabo en circunstancias confusas. No quedó claro si Laura fue debidamente informada sobre la práctica, no intervinieron los funcionarios judiciales competentes y tampoco se informó si la bebé nació viva o no.

La madre de Laura relató en el juicio los atroces sufrimientos de su hija cuando se le practicó el aborto, que la llevaron a temer por su vida. También narró las graves perturbaciones psicológicas que desde el aborto -y no antes- Laura padece. Se volvió retraída, solitaria y abandonó sus estudios. Ordenaron investigar la posible comisión de otros delitos: homicidio o aborto. Ante esta situación Anzoátegui y Rizzi ordenaron que se averiguara si la bebé abortada -de por lo menos cinco meses de gestación- había nacido con vida, pues en tal caso se trataría de un homicidio. También ordenaron investigar si los funcionarios públicos que debieron intervenir, lo hicieron o no de acuerdo con la ley.

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Además, por si la bebé concebida había sido eliminada antes de nacer, ordenaron que se investigará la posible comisión del delito de aborto, vigente en ese momento. Recordemos que en Argentina, para un funcionario público como un juez, no resulta opcional denunciar la posible existencia de un delito, sino que es obligatorio por ley. El no hacerlo constituye un crimen. Expresar una opinión jurídica. En ese contexto, en su fallo, Anzoátegui osó explicar por qué -desde su punto de vista- el conocido fallo F.,A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación era contrario a la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley 26.061. Que quede claro, Anzoátegui y Rizo debían juzgar solamente el abuso contra una niña.

Así lo hicieron y condenaron al culpable. Al percatarse de la posible comisión de otros delitos, ordenaron investigar. No desconocieron el fallo FAL de la Corte Suprema ni dejaron de aplicarlo (no tuvieron ocasión de hacerlo). Alerta feminazi: Prohibir y perseguir. El pedido de destitución. Esto disparó todas las alarmas feminazis: ¿Cómo un juez se atreve a mencionar que hay
derechos constitucionales superiores al aborto? Cualquier atisbo de amenaza a ese negocio debe ser censurado. No se trata de que el Juez no haya cumplido una norma. Se debe eliminar su libertad para dar una opinión jurídica fundada. Y se debe aleccionar. Que ningún otro se atreva a pensar con independencia.

Por esas razones, la consejera Vanesa Siley denunció a los jueces. Esta dirigente del Sindicato de Trabajadores Judiciales transcribe servilmente en su acusación los párrafos dictados desde una ONG extranjera (Amnesty International) que encabeza el lobby del aborto. Yo me pregunto: ¿Desde cuándo una ONG extranjera se inmiscuye en la designación y destitución de jueces argentinos? ¿Acaso no hay un procedimiento legal? ¿Será que Amnesty Internacional se autopercibe como una fuerza con derecho a pisotear nuestras instituciones?

En definitiva, se trata de acusaciones asimilables a las de una dictadura ideológica. Un peligroso intento de imponer el pensamiento único y de perseguir decisiones judiciales cuando incomodan los negocios internacionales de los poderosos.

* Martín Zeballos Ayerza es abogado y Magister en Políticas Públicas

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