Rehenes: que la crisis la paguen los políticos

Rehenes: que la crisis la paguen los políticos

Una clase política dramáticamente autista, autoindulgente e incapaz de funcionar como contrapeso de sí misma nos acostumbra a la anormalidad mientras nos encamina de una crisis endémica a otra de alta intensidad.

Pablo Benegas

* Pablo Benegas es filósofo, profesor de postgrado en la Universidad Torcuato Di Tella y consultor en Ingouville, Nelson & Asociados.

Contaba un periodista que un amigo suyo, extranjero, al llegar a la Argentina había abierto el diario y exclamado: “¡No puedo creer la suerte de haber llegado justo un día donde pasan tantas cosas!”. Los que vivimos aquí sabemos de largo que vivimos en un lugar donde todo el tiempo están pasando muchas cosas. Demasiadas. Y ya miramos el diario (o la factura del supermercado) con una paleta de emociones distinta a esa excitación del recién llegado: bronca, frustración, resignación, angustia…

Crisis demasiado recurrentes, desaprovechamiento grosero de contextos favorables, dilapidación de oportunidades y empeoramiento sostenido de la calidad de vida. Y si bien podríamos hacer un examen sobre lo que hemos privilegiado en nuestros reclamos, votado o concedido, creo que no es necesario llegar a la anomia del “que se vayan todos” para hacer un reproche real a nuestra clase política en general, y a nuestro Gobierno en particular. Están en el lugar que están y tienen los privilegios que tienen para ocuparse de cuidar las condiciones para el desarrollo de todos. Y han fracasado.

Cualquier argentino de a pie no puede ni pensar en ahorrar porque la inflación le aleja cada vez más el fin de mes; ni financiarse porque la falta de confiabilidad del país le dispara cualquier tasa de interés al infinito; ni comprar barato porque hay que proteger a alguien que no puede ser competitivo porque los impuestos lo ahogan o no quiere porque tiene ventajas impositivas que ya encarecen a otros; ni generar más trabajo porque implica el riesgo de adoptar a alguien a un costo que no puede sostener; ni trabajar porque no se pueden entrar insumos necesarios…

Mientras todo esto pasa en la vida concreta, leemos que el Presidente declara sus afinidades políticas en escenarios internacionales, suscitando más desconfianza; que la vicepresidente considera que la Corte debe tener 25 miembros (que agrava el problema de la respuesta de la Justicia, pero le genera una oportunidad dorada para su situación personal) y que la matemática electoral siempre se impone a la generación de condiciones sustentables. En una rara autoatribución de omnisciencia y omnipotencia, legislan declamando sobre las intenciones de las personas (por ejemplo, que el que logra una renta es necesariamente egoísta) sin importarle el efecto real que eso tenga sobre los incentivos (para qué invertir si no se puede esperar una ganancia mayor) y, por lo tanto, sobre los comportamientos y sus consecuencias (menos inversión, menos trabajo).

Cualquier argentino de a pie no puede ni pensar en ahorrar porque la inflación le aleja cada vez más el fin de mes

En pensamiento sistémico, una variable que -al tocarla- genera un alivio en el corto plazo pero profundiza el problema en el mediano es lo que se llama un “lazo reforzador”. Cepos, alivios tarifarios, emisión monetaria, pagos extraordinarios en gasto social… Estamos llenos de lazos reforzadores, y por eso nuestro problema se profundiza. No poder mirar el sistema que se debe custodiar en su totalidad es ineptitud, no querer hacerlo por los costos personales que trae, es psicopatía.

Ahora, si el fracaso no debe ser explicado y enmendado; si las consecuencias las experimentan siempre otros y no los que toman decisiones; si el daño se profundiza y no hay resortes institucionales que hagan de contrapeso; en un momento dejamos de ser ciudadanos y pasamos a ser rehenes.

Rehenes de personas que entienden la función pública cómo un ámbito de tribuna de las propias virtudes (“a mi no me van a correr” –Alberto dixit-) en el que cualquier control es una afrenta (“¿a ustedes quién los votó?” –Cristina dixit-). Porque uno de los problemas actuales de la política es la burbuja que se ha generado en torno a ella. Porque la política piensa que todo es política, lo que no deja de ser un prisma deformante.

Por un lado es deformante porque intenta entrar en ámbitos que no le corresponden: la vida del común de las personas se inserta en la gran comunidad y necesita de ella para encontrar condiciones para desarrollarse, pero no queda reducida a ella. La vida familiar, la educación de los hijos, la transmisión de valores y de bienes entre padres e hijos... en general quedan y deberían quedar fuera del alcance del Estado. Y ni hablar de un Gobierno.

Por supuesto que cualquier generalización puede ser injusta y toda particularización interpretada como motivada políticamente

Por otro, también es deformante porque, al asumir que todo es motivado por un interés de lucha por el poder, el político queda blindado ante cualquier crítica: toda queja es un intento de esmerilar una parte en favor de otra y entra en la lógica partidista; cualquier impugnación es un ataque directo a un representante de la voluntad de otros, que quieren (como que no) lo que él quiere. Y mientras cualquier hijo del vecino tiene que rendir cuentas por el resultado de su trabajo o se desencadenan consecuencias (la pérdida del mismo, el estancamiento, la quiebra del propio emprendimiento), ante esta lógica de la política sólo queda el silencio.

Pues no. Por supuesto que cualquier generalización puede ser injusta y toda particularización interpretada como motivada políticamente, pero a esta altura son cargos menores cuando uno se para ante un cuadro de mala praxis tan evidente. “Que la crisis la paguen los capitalistas” reza el apotegma trotskista que acompaña marchas, esperando romper un sistema.

Quizás llegó la hora de cambiarlo por otro dicho, desde dentro del sistema. Y es que un componente del poder es el poder que uno le da a un representante, y cuando éste empieza a percibir antipatía (desde un Consejero vecinal hasta un Gobernador), realinea sus coaliciones; porque no les da lo mismo ver qué algo pasa sin queja o se escuchan voces, murmullos y acciones concretas –especialmente si vienen de entre quienes lo votan-; porque si se empieza a nombrar el mecanismo de transferir culpas y responsabilidades al oponente, al Fondo, a los grandes intereses o a la sinarquía internacional, se hace más difícil recurrir siempre a él; porque en la vida pública se pueden mechar los reclamos de mayor intervención del Gobierno con otros más potentes y representativos de menor intervención, para mostrar que hay líneas que no deben cruzarse; porque hay –en definitiva- márgenes de acción propia, individual y colectiva, bien podríamos empezar a decir “que la crisis la paguen los políticos”.

 

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