Amnistía Internacional Argentina advierte sobre la delicada situación de los Derechos Humanos

Todos los años Amnistía Internacional lanza un informe sobre el estado de los Derechos Humanos a nivel global, allí la Argentina supuso un capítulo aparte donde se deja ver que el discurso del gobierno nacional en la materia no se traduce en hechos. Se abordaron diversas áreas como los derechos sexuales y reproductivos, la crisis climática, la violencia institucional, la educación y conectividad, entre otros, durante el 2021 en nuestro país y los resultados son críticos.

En MDZ Radio hablamos con Paola García Rey, Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina quien expuso sobre algunas claves del informe "Retos en Derechos Humanos".

Durante la pandemia las fuerzas de seguridad ocuparon un importante lugar en cuanto al control de las calles. Si bien los episodios de violencia institucional no aparecieron con el coronavirus, pueden haberlo agravado. 

"Uno de los ejes es violencia institucional que es una de las cuentas pendientes desde la vuelta de la Democracia. Lo que estuvimos haciendo durante los últimos dos años fue relevar los casos que fueron sucediendo y aunque la pandemia no vino a empeorar la situación, sí delegó sobre las fuerzas de seguridad mucho control de las calles que hizo que se revelaran todavía más y entonces se vean más estos casos".

El informe recupera el estado de situación de causas que se vienen investigando hace mucho tiempo y que aún permanecen impunes. "Tal es el caso de Santiago Maldonado, de Facundo Astudillo Castro o casos más recientes como el de Lucas Gonzáles a fines del año pasado que fue disparado por una brigada de policía de la ciudad que circulaba sin identificación" recordó García Rey.

Un elemento común a ministros provinciales y nacionales, e incluso ex ministros de Seguridad es la defensa inmediata del personal policial cuando se cuestiona su accionar. Es un patrón que se repite."Lo que uno ve es cómo opera el sistema institucional para intentar cubrir cuando hay situaciones de uso abusivo de la fuerza. Vimos en el caso Fontana cuando policía de la provincia de Chaco entra a casa de familias indígenas y por la fuerza los llevan detenidos y hay denuncias de torturas".

En todos esos casos hay una connivencia del poder político y policial de encubrir y alterar las pruebas por lo que es doble el mensaje de preocupación ya que no es sólo el actuar policial sino la impunidad con la que lo hacen.

Desde Amnistía trabajan la agenda para re entrenar las fuerzas de manera permanente. "De manera que cada vez que un agente de seguridad desenfunde un arma tiene que haber análisis e investigación de parte del Estado y que justifique el motivo por el cual se desenfundó el arma".

Parte del acceso a un derecho es saber que existe

En el apartado sobre Derechos sexuales y reproductivos hay un claro ejemplo entre banderas que el oficialismo se atribuye y hechos que ponen la implementación de las leyes lejos de su agenda. La ley 27.610 que legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de 1000 días se aprobó a fines de 2020 y se exhibió muchas veces como una política importante entre las prioridades del gobierno nacional. Sin embargo no se hizo ni una sola campaña de información a la ciudadanía sobre cómo ejercer ese derecho.

"Es muy importante que las personas con capacidad de gestar cuenten con la información para decidir conociendo sus derechos. De esta manera puedan entrar a un consultorio, un hospital o lo que fuera y puedan exigir ante una potencial negativa el ejercicio de ese derecho tanto de parte del Ministerio de Salud como el de Mujeres, Género y Diversidad".

En cuanto al plan de acompañamiento desde el embarazo hasta los primeros años de vida que se llamó "Plan de 1000 días" tampoco hay suficientes datos circulando. "Es poca la información a la que se puede acceder para conocer cuál es el nivel de implementación para entender cuál es el esquema de derivaciones para aquellas personas que quieran continuar con su embarazo".

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