Debate en el Congreso

Nuevas universidades nacionales: ¿más acceso a la educación superior?

Polémica por el avance en el Congreso Nacional de un proyecto para la creación de cinco universidades nacionales.

Ángeles Reig
Ángeles Reig lunes, 5 de diciembre de 2022 · 07:05 hs
Nuevas universidades nacionales: ¿más acceso a la educación superior?

La semana pasada se desató una fuerte polémica en torno a la creación de nuevas universidades nacionales. El debate comenzó cuando las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados hicieron una reunión conjunta para aprobar el tratamiento en el recinto de los proyectos de ley que habilitaría la creación de cinco nuevas universidades nacionales: la de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas, la de Río Tercero, la de Ezeiza, la de Madres de Plaza de Mayo en la CABA y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, en Paraná.

Siendo estrictos, solamente las dos primeras se crearían de cero. Las otras tres son propuestas para convertir casas de estudio que ya existen en universidades nacionales. En el caso de Ezeiza y Paraná, son universidades provinciales que pasarían a depender del gobierno nacional, y, por lo tanto, de su presupuesto. En el caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, se trata de darle un nuevo rango al, hasta ahora, Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos.

Ubicación de las sedes

La idea original era que esos cinco proyectos se trataran junto con otros tres que esperaban, ya aprobados por ambas comisiones, desde el 26 de agosto: el que crea la Universidad Nacional del Delta, el de la Universidad Nacional del Pilar y el de la Universidad Nacional de Saladillo.

Esto hace un total de ocho nuevas universidades: tres en el conurbano bonaerense, una en la Ciudad de Buenos Aires, dos en el interior de la Provincia de Buenos Aires, una en Córdoba y una en Entre Ríos. Sin embargo, la sesión del jueves terminó en una batalla campal e impidió, entre otras cosas, la aprobación de los proyectos en cuestión que, de no haber tomado estado público, seguramente tendrían hoy media sanción.

Los primeros en manifestar su preocupación fueron los integrantes de la Coalición por la Educación quienes, en un comunicado, expresaron que “no deberían desconocer nuestros legisladores que la creación de universidades, la más alta instancia educativa, requiere estudios previos que no han sido completados en los casos propuestos”.

Una vez más, la improvisación y los intereses particulares parecen primar por encima del bien común. De hecho, durante el debate de agosto se le dio la palabra, en el medio de la reunión y sin aviso previo, al intendente Pilar, Federico Achával, quien argumentó que la creación de una universidad en su distrito significaba para él “el cumplimiento de un sueño como intendente”. No importa si a escasos kilómetros que pueden ser recorridos en transporte público ya existen otras universidades nacionales. El capricho de un intendente por encima de todo.

Un breve repaso por el sistema educativo

Si miramos estas decisiones contextualizadas en lo que sucede con la educación en todo el país, nos encontraremos con una serie de cuestiones mucho más urgentes que aún no han sido resueltas.

La primera es la relación de la universidad con los niveles de educación obligatoria: a la hora de tomar decisiones sobre el nivel superior, no puede soslayarse lo que pasa en las instancias anteriores.

Allí, todavía no se cumplen las metas a las que obliga la ley 26.206 de educación nacional en, al menos, dos puntos: la jornada extendida para el nivel primario y la universalización del acceso a las salas de cuatro y tres años. Apenas el 22% de las escuelas de gestión estatal tienen jornada extendida. Aunque este año la quinta hora alargó en muchos lugares el tiempo de permanencia en la escuela, ésta está lejos de la jornada propuesta por la ley.

Respecto al nivel inicial, si bien la cobertura de la sala de 4 es un objetivo prácticamente alcanzado (89%), la de 3 está lejos de acercarse a niveles óptimos: sólo el 43% de los niños accede a una vacante.

En cuanto al secundario, las estadísticas muestran que los niveles de deserción alcanzan el 47%, que, obviamente, queda automáticamente excluido de la universidad.

Pero a este drama se le suma uno de índole cualitativa: de cada 100 alumnos que terminan el secundario, sólo 16 lo hacen en tiempo y forma, es decir, con la edad correspondiente y con los contenidos esperados adquiridos. Si acercamos la lupa a esos 16, veremos que ocho pertenecen a los deciles socioeconómicos más altos, 5 a las clases medias y sólo 3 pertenecen a los sectores menos favorecidos.

¿Es, en este contexto, la creación de universidades la mejor herramienta para igualar oportunidades? El sentido común diría que no.

El foco sobre el argumento de la accesibilidad

Se ha escuchado mucho, en estos días, la importancia de la creación de universidades para generar condiciones de accesibilidad. “Los pobres no llegan a la universidad si la tienen lejos”, se leía en Twitter.

Sin embargo, el argumento es engañoso. Si bien es cierto que en muchas de las nuevas universidades entre el 70 y el 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, también es cierto que este porcentaje se mantiene sólo en los primeros años. Quienes logran terminar la carrera pertenecen, en su mayoría a los sectores medios y medios altos. Es decir, con tener cerca la universidad no alcanza.

A esto se suma una realidad de orden geográfico: cuatro de las ocho universidades en cuestión están ubicadas en un área con una sobre oferta de educación superior. Si se mira lo que sucedió en los últimos años, desde 2009 a la fecha se crearon dieciséis universidades, de las cuales nueve fueron en la Provincia de Buenos Aires y dos en CABA. El federalismo educativo sigue siendo una materia pendiente.

Gobernar es priorizar

El último interrogante es el del financiamiento. Mientras se recorta el presupuesto en educación, se pretende ampliar el gasto en el nivel superior.  

Tengamos en cuenta que, si bien la contracción del presupuesto total para el 2023 es de un 6,8% respecto del de este año, el ajuste en el Ministerio de Educación asciende al 15,5%. Más aún, de acuerdo con un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, será el segundo presupuesto más bajo en los últimos once años, después del ejecutado en 2020.

Si a eso le sumamos que, como todos sabemos, el presupuesto no crece en forma proporcional a la ampliación del gasto, la creación de nuevas universidades redundará en una mayor precarización de los ya precarizados docentes universitarios.

No se puede recortar el presupuesto con una mano y crear nuevos gastos con la otra. “Llamamos a los legisladores de todos los bloques a reflexionar y detener esta medida, mientras revisan con rigurosidad los criterios que deben orientar la distribución de los dineros públicos para revertir la tragedia educativa actual”, reclaman los miembros de la Coalición por la Educación. Ojalá sean escuchados.

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