Recrudece el reclamo por corte en cadena de pagos en un sector clave

Una vez más, los prestadores de servicios de transporte y salud para personas con discapacidad y sus familias, presentan por estas horas, su reclamo en la puerta de Casa Rosada. En concreto, se solicita el pago actualizado de sus haberes de agosto, que según destacan desde el sector, ya venían con demoras por parte de las obras sociales. En el marco de la actual crisis y cuando la inflación acelerada obliga a ajustar los bolsillos, las necesidades de los profesionales de la salud, acompañantes terapéuticos y empresas dedicadas a los traslados se hacen escuchar. El impacto de esa situación, vuelve así a pesar sobre al menos 5 millones de niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores que requieren de una atención más completa para mejorar su calidad de vida. El riesgo mayor es que la atención quede restringida, aseguran desde las entidades. 

Al igual que los meses anteriores, cuando en todo el país la voz de las personas que viven con una discapacidad (motriz, sensorial, neurológica o más de una de ellas) resonó en todo el país por la defensa de sus derechos humanos fundamentales, la actualidad devuelve una postal donde aún existen trabas para acceder a la salud, la educación y el empleo. La posibilidad de contar con pensiones más adecuadas al valor de la Canasta Básica de Alimentos -que ya superó los 100 mil pesos mensuales) y la existencia de obstáculos de toda índole para desenvolverse en el día a día y llevar una vida con posibilidades de apertura social (que integran las deudas desde el punto de vista simbólico y material) forman parte de los atrasos que se evidencian en materia de derechos para las personas con discapacidad en Argentina.

Concentración y marcha

El reclamo que llegó hoy a la Casa Rosada deja entrever estas necesidades en el marco de Mes de la Inclusión. Lo que solicitan los prestadores aglutinados en la Asociación de Prestadores de Discapacidad Unidos es que las obras sociales agilicen el pago de los honorarios que ya fueron derivados el viernes pasado desde la Superintendencia de Servicios de Salud. "Decimos no a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad y trabajadores del área. Exigimos que se cumplan las leyes vigentes. Basta de vulnerarlas", se expresa en el comunicado que desde la entidad se difundió a través de las redes sociales con el objetivo de convocar a la concentración y a la marcha.

Los atrasos en los pagos a los prestadores llevan al menos dos meses. Docentes, terapeutas, transportistas y profesionales de las áreas de salud como psicología o kinesiología por mencionar solo algunos, forman para de este grupo. En ese sentido Marcela Kriskovich, titular de la entidad, destacó que si bien desde la Superintendencia aseguraron que el pago se había realizado la semana pasada, la realidad es que las obras sociales aún no han derivado los haberes. "No podemos estar sin hacer nada cuando no tenés plata para llevar a tu casa y pagar las cuentas”, destacó.

Una Ley para avanzar

Laura Etchebarne, integrante de Unión de Transportistas de Argentina (UTRA) y una de las madres que luchan por la defensa de los derechos en materia de discapacidad, destacó que el camino a seguir para avanzar en soluciones de fondo desde las leyes, tiene que ver con el acercamiento, la escucha y el diálogo con las áreas a cargo desde el Estado.

Justamente, desde Mendoza, hoy se plantea la necesidad de regular el ejercicio de los/las profesionales que se dedican al acompañamiento terapéutico para personas con discapacidad en todas las áreas y ámbitos donde desarrollan su vida. "Desde la provincia queremos canalizar todo lo logrado, con mesas de diálogo y en el debate de cambios profundos. Porque entendemos que es momento de hacer cambios radicales en la temática", puntualizó Etchebarne.

En ese contexto, entidades que representan a las personas con discapacidad y sus familias, como así también los prestadores, han presentado un pedido ante integrantes de la Comisión de Salud de la Legislatura Provincial para que se trate un proyecto que está estancado desde 2020 y que establece la regulación de esa actividad. 

Hasta el momento, doce provincias cuentan con una ley propia en este sentido: Catamarca, Córdoba, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis. Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, Jujuy y Salta. Por eso ahora, Mendoza busca instalar su propia legislación, en sintonía con las normas nacionales que establecen la garantía del acceso a los derechos humanos para las personas con discapacidad.