Alimentación en Argentina: una preocupación más allá del etiquetado frontal

Alimentación en Argentina: una preocupación más allá del etiquetado frontal

Un análisis necesario sobre el consumo de alimentos luego de la aprobación de la Ley de Etiquetado en Argentina y la necesidad de empezar a discutir seriamente una política integral en materia alimentaria.

Mariano Gendra Gigena

La Ley de Etiquetado Frontal de alimentos obtuvo ayer en la Cámara Baja la sanción que faltaba para su completa aprobación en Argentina. El tema había vuelto a la agenda mediática hace algunos días, cuando los diputados no llegaron a reunir el quórum necesario para debatir la normativa. Aunque contaba con media sanción del Senado desde 2020, su tratamiento en la Cámara Baja seguía después de casi un año resultando esquivo, lo que se revirtió hace algunas horas.

La ley aprobada apunta a que el consumidor cuente, en el momento de adquirir los alimentos, con información simple y veraz que le permita elegir a conciencia lo que llevará a su mesa. Para ello, propone indicar en el frente de los envases, mediante un sencillo sistema de etiquetas, determinadas características del alimento que podrían resultar dañinas para la salud, tales como el alto contenido de sodio, grasas, azúcares o calorías.

Si bien actualmente la información nutricional ya se encuentra disponible en los empaques, esta suele aparecer en la parte trasera, en letras pequeñas e ilegibles y en un formato poco comprensible para el público, mientras que el frente se reserva para imágenes atractivas y de tipo publicitario que normalmente incitan al consumo indiscriminado del producto. A diferencia de esto, la nueva norma ubica los sellos de advertencia, un octógono negro con letras blancas y lenguaje claro, en ese mismo frente, haciendo evidentes para el posible comprador los aspectos potencialmente perjudiciales del contenido y favoreciendo una decisión informada.

Se trataba sin dudas de una medida necesaria en materia alimentaria, una propuesta discutida desde hace muchos años e implementada con anterioridad en otros países de la región tales como Chile (2016), Uruguay (2018), Perú (2019) y México (2020); pero su importancia para concientizar a la población y modificar hábitos de consumo hacia otros más saludables, lamentablemente, no la eximió de ser tomada como rehén de pujas infructuosas entre oficialistas y opositores en plena campaña electoral.

Este tipo de leyes, que involucra políticas públicas de mediano y largo plazo, requiere de la participación de diversos actores sectoriales y de una discusión profunda en la que se construyan los consensos. Después de mucho dormir el sueño de los expedientes olvidados, parte de ese trabajo tuvo lugar el año pasado en las discusiones de comisiones y la posterior aprobación en la Cámara Alta.

Con todos los sectores políticos dispuestos a tratar y apoyar esta ley, también hubo oportunidad de continuar su tratamiento en Diputados, durante los últimos meses de 2020 y los primeros del año en curso. Sin embargo, por motivos desconocidos, esta volvió a congelarse. Y resurge ahora, en medio de una guerra electoral, en la que desgraciadamente cualquier tema que se ponga sobre la mesa -por muy relevante, profundo y necesario que sea- termina bastardeado. Esta vez, al menos, tuvimos un buen final.

Cabe aclarar que, como cualquier ley aislada, la de Etiquetado Frontal de Alimentos, aunque adecuada, no constituye en sí misma la panacea de la cuestión nutricional, ni por lejos resuelve la complejidad del problema alimentario. Es claro que para poder elegir libremente tenemos que, primero, poder acceder a alimentos saludables y de calidad.

Discutir realmente una política alimentaria en nuestro país no puede soslayar, por ejemplo, el papel del Estado, que con su burocracia y su permanente incidencia en el mercado impide que determinados productos lleguen a la mesa de todos los argentinos, o que lleguen a precios razonables. No olvidemos que entre el 30% y el 50% del precio de cualquier alimento corresponde a impuestos, y que aproximadamente otro 20% es producto del sobrecosto logístico generado por una inadecuada matriz de transporte.

La falta total de políticas públicas serias en esta materia provoca que hoy el 90% de toda la mercadería que transita por nuestro país - unos 450 millones de toneladas - lo haga por camión, en lugar de aprovechar las vías férreas o fluvio/marítimas, mucho más eficientes en distancias superiores a 300 km.

Es el mismo Estado que, a través de sus programas de incentivo al consumo, termina incluyendo en las canastas promocionadas (Programas de Precios Cuidados y Precios Máximos) artículos cuya ingesta es claramente desaconsejada por esta misma Ley de Etiquetado que acaba de sancionarse, como las gaseosas y otros alimentos ultraprocesados. El mismo Estado que distribuye en escuelas públicas y comedores sociales canastas de alimentos con sobreabundancia de harinas, muy poca carne y escasez de pescado, frutas y verduras.

Un recuento ligero sobre la lista de precios congelados lo deja una vez más en evidencia: de los cerca de mil productos alimenticios que la componen, unos 400 deberían llevar alguna de las leyendas de advertencia por su alto contenido de sal, grasas o azúcar.

Las escasas variedades de carne, pollo y pescado que aparecen son en general del tipo hamburguesas, medallones, bocaditos y milanesas, o bien enlatados, todos productos ultraprocesados a los que se agregan además conservantes, colorantes y saborizantes. Frutas y verduras casi no se encuentran: se limitan a cinco ítems de verdura congelada, cinco más entre choclo y jardinera en lata, y cuatro presentaciones de duraznos, también en lata.

Incoherencias como estas, ponen de manifiesto la necesidad de empezar a discutir seriamente una política integral en materia alimentaria que no se diluya, tal como sucedió con la Ley de Góndolas, en consignas de dudosa implementación, sino que cambie la realidad con hechos concretos y acciones que involucren en las decisiones a todos los actores: Estado, empresas, organizaciones intermedias y consumidores.

Se ha dado un buen primer paso, pero no es suficiente. La política de acceso a una alimentación saludable y accesible para todos los argentinos va mucho más allá de un título…o una etiqueta.

El autor es especialista en consumo y transporte. Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores “CRUZADA CÍVICA”

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