El guiño amigo que recibió Oscar Sandes en la causa por desvío de fondos

Los desmanejos que tuvieron lugar en Vialidad Provincial durante el gobierno anterior están confirmados. Lo que se discute es qué grado de responsabilidad tuvo el extitular de esa institución, Oscar Sandes, y si debe responder con su patrimonio por alrededor de 5 millones de pesos más intereses. Para el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado no hay dudas de que por acción o por omisión fue culpable del desvío de fondos de la caja chica, pero en los últimos días recibió el apoyo del Ministerio Público Fiscal. Según el dictamen del fiscal Darío Tagua, "la concreta intervención de Sandes en los hechos investigados generadora de responsabilidad no ha podido ser determinada con el grado de certeza necesario para imponer un cargo".

Para sostener su postura, Tagua cita el voto en disidencia que plantearon en el Tribunal de Cuentas el expresidente de la Cámara de Diputados y actual presidente del órgano de control, Néstor Parés, y la exfuncionaria del Ministerio de Salud y actual vocal del Tribunal de Cuentas, Liliana Muñoz de Lázaro. Ambos llegaron a esos lugares en la gestión anterior y Muñoz incluso trabajó con Sandes cuando ambos eran funcionarios en la Municipalidad de Godoy Cruz.

Cuando el Tribunal de Cuentas detectó que el dinero de la caja chica se estaba utilizando para gastos personales como viajes a la costa, festines en restaurantes o compras de regalos, multó a los responsables y los emplazó a devolver alrededor de 5 millones de pesos cuyo uso no podían justificar. En dos fallos diferentes (uno por el ejercicio 2018 y otro por el 2019) determinaron que Oscar Sandes era solidariamente responsable por no haber detectado el fraude al Estado.

Para el Tribunal de Cuentas y también para Fiscalía de Estado los desmanejos no hubiesen tenido lugar si no hubiese existido una "clara negligencia en el ejercicio de su cargo". Es decir, sostienen que aunque no haya estado al tanto de los desvíos y que efectivamente su firma haya sido falsificada por la gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, Sandes es responsable "por acción y también por omisión en el debido control".

"El propio accionante reconoce expresamente el caos que imperaba en la Dirección al momento en que se efectuó la auditoría; que era la máxima autoridad del organismo desde hace cinco años y durante al menos dos años se efectuaron reiterados desmanejos de fondos públicos que tenía bajo su responsabilidad, no habiendo verificado en ningún momento irregularidad alguna y que tenía personal trabajando en su dependencia sin siquiera advertirlo", remarca el Tribunal de Cuentas para defender los cargos millonarios contra Oscar Sandes.

En su defensa, el exfuncionario cornejista esgrime que cuando se corroboró la existencia de un sinnúmero de facturas adulteradas inició una investigación administrativa y denunció penalmente que le falsificó la firma , defirmasfraguadas que simulaban ser las suyas en la documentación que habilita el pago de las mismas, un manejo indebido de fondos públicos durante el año2018yelaño 2019 y la absoluta falta de control por parte de los responsables del sector contable, omitiendo el cumplimiento del organigrama en vigencia desde el año2011 y el Manual de Procedimientos vigente que detalla por Área las funciones a realizar para cada operación, lo que demostraría aparentemente complicidad o al menos “culpa in vigilando” de quienes tienen a su cargo el área económica financiera.

"El propio accionante reconoce expresamente el caos que imperaba en la Dirección al momento en que se efectuó la auditoría; que era la máxima autoridad del organismo desde hace cinco años y durante al menos dos años se efectuaron reiterados desmanejos de fondos públicos que tenía bajo su responsabilidad, no habiendo verificado en ningún momento irregularidad alguna y que tenía personal trabajando en su dependencia sin siquiera advertirlo", remarca el Tribunal de Cuentas para defender los cargos millonarios contra Oscar Sandes.

En su defensa Sandes afirma que "la aparente mecánica de la operación consistía en que desde la Gerencia de RRHH, a cargo de Corina Mercedes Gallardo, se emitían formularios P18 (notas de pedios para gastos) acompañados por facturas cuyo monto se adulteraba o no estaban vigentes, se simulaba y falsificaba la firma del Administrador, es decir su firma y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso de la práctica"

El propio Sandes reconoce que también se descubrió que en el área contable había dos personas jubiladas que estaban prestando servicios, sin que la Administración tuviera conocimiento y son las que habilitaban el pago de los P18, que son los Sres. Jaime Obrador y José Buccolo. Agrega que Gallardo reconoció que había falsificado sus firmas sin su consentimiento en las facturas adulteradas para darle un uso particular a gastos que nada tienen que ver con la actuación y fines de la DPV.

Por si fuera poco, Sandes también agrega que "se había aprobado un organigrama en mayo del 2019, sin dictamen legal, sin su conocimiento, en exceso de facultades, sin publicar y abusándose del Consejo Ejecutivo". Es decir, se modificó el organigrama de la Dirección de Vialidad y el administrador general de ese organismo no se había enterado.

Para el Tribunal de Cuentas eso demuestra que "no efectuó ningún control sobre las áreas que tenía a su cargo, lo que facilitó la realización de los hechos que fueron objeto de auditoría y que culminaron en la formulación de los cargos en forma solidaria con otros responsables". "Resulta dudoso que el Sr. Sandes no haya tenido ningún tipo de conocimiento ni participación en los hechos detallados los cuales han sido expresamente reconocidos", arguyen.

Sin embargo, el Ministerio Público se agarró del voto en disidencia de Néstor Parés y Liliana Muñoz. Lo que ellos proponían era "como la mejor solución la de no liberar de responsabilidad a los funcionarios, y dejar así expedita la vía judicial para que la Fiscalía de Estado haga el reclamo del daño patrimonial que a cada uno corresponda dentro del ámbito judicial". En otras palabras, no avanzar con los cargos por 5 millones de pesos sino dejar que sea Fiscalía de Estado la que determine ese perjuicio. Pero también aseguran que los responsables serían los funcionarios encargados de cada área que intervino y no el propio Sandes.

El criterio de Parés y Liliana Muñoz es que "no sería aplicable la teoría de la delegación de funciones para sustentar la formulación de cargo en la persona del Administrador y solo cabe calificar la responsabilidad por falta de control como procedimiento administrativo irregular, responsabilidad indirecta que trae aparejada la sanción de multa". Es decir, multar a Sandes y que los otros funcionarios repongan el dinero que desviaron de sus fines originales.

"Tal solución- que no fue seguida por la mayoría en el fallo atacado, apartándose de la opinión de los órganos de asesoramiento-Dirección de Asuntos Jurídicos y Secretaría Relatora-, a criterio de este Ministerio Público Fiscal, resulta razonable, en atención a las particulares circunstancias de la causa y la normativa vigente al momento del estudio de la cuenta respectiva", determina el fiscal Darío Tagua en el dictamen que fue remitido a la Sala Primera de la Corte.

Ahora, los jueces Teresa Day, Pedro Llorente y Julio Gómez deberán votar si le dan lugar o no a la acción procesal administrativa presentada por el extitular de la Dirección de Vialidad Provincial para que le retiren los cargos que lo emplazan a devolver 5 millones de pesos que se desviaron de la caja chica mientras él conducía esa institución.