El juicio contra el exjuez correntino Soto Dávila por beneficiar a narcos llega a su fin

El exmagistrado correntino, Carlos Soto Dávila, junto a sus por entonces secretarios, está acusado de cobrar dádivas para beneficiar a narcotraficantes y tendrá hoy, por la tarde, la oportunidad de pronunciar sus últimas palabras en el juicio que se le sigue. En una causa vinculada, conocida como Sapucay o Itati, en agosto de 2021 se dictaron condenas tras darse por acreditado que un organización ingresaba el material estupefaciente desde la República de Paraguay, mediante vía fluvial, para luego distribuirla y comercializarla hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza. 

A su vez, la asociación ilícita poseía una poderosa influencia en el funcionamiento de múltiples dependencias públicas de orden municipal, provincial y nacional. En ese expediente además de narcotraficantes también a través de juicios abreviados se consideró responsables al ex jefe comunal de Itatí, Roger Natividad Terán, y el ex vicejefe comunal Fabio Adrían Aquino. En ese contexto también se llevó adelante un expediente que investigó a las personas que debían investigar a los narcotraficantes y en vez de ello la Justicia dio por probado que beneficiaron a las organizaciones a cambio de dádivas.

A fines de marzo el fiscal general Carlos Schaefer ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones), dada la excusación de los integrantes originales del tribunal por su relación con los exfuncionarios acusados en juicio, solicitó 15 de prisión e inhabilitación absoluta para el exjuez federal de esa ciudad Carlos Soto Dávila, acusado de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas. La fiscalía además requirió que se lo condene al pago de una multa de 75 mil pesos.

Schaefer consideró que a lo largo del debate quedó acreditado que Soto Dávila cometió el delito de asociación ilícita, en calidad de jefe, cohecho pasivo agravado, en calidad de autor, reiterado en ocho oportunidades, prevaricato, en calidad de autor, reiterado en nueve oportunidades.

Requirió también la imposición de penas de 12 y 9 años y 6 meses de prisión para Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, dos funcionarios del juzgado federal por entonces a cargo de Soto Dávila, la inhabilitación absoluta y especial perpetua y el pago de una multa de 65 mil y 50 mil pesos, respectivamente. 

Esta tarde los imputados tendrán la posibilidad de decir sus últimas palabras previo al veredicto. En esta causa también se solicitaron penas para otros miembros de la asociación ilícita en calidad de miembros. Se trata de los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Gregorio Humberto Giménez y Tomás Alfredo Viglione, respectivamente.

Por otro lado,la fiscalía  solicitó que se homologuen los acuerdos de juicio abreviados suscriptos respecto de otras personas acusadas de conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes.

Los hechos

Según la investigación, en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se reprochaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.

En la causa también intervino la PROCUNAR y el fiscal Diego Iglesias recordó en los alegatos que a los acusados se les imputa haber formado parte de una asociación ilícita que tenía como finalidad principal la de brindar cobertura judicial para el desarrollo de las actividades de la organización narcocriminal liderada por Federico Sebastián Marín y Carlos Bareiro, e integrada por más de 56 personas. “Esa connivencia del entonces juez federal, Soto Dávila, y sus dos secretarios, Grau y Molina, consistió en evitar avanzar en las investigaciones a su cargo vinculadas a operaciones de esa organización criminal de modo tal de no comprometer judicialmente a sus lideres (Marín y Bareiro), como también mejorar la situación procesal de aquellos miembros que por el accionar preventivo de las agencias de seguridad fueran apresados, otorgando libertades contrarias a derecho”.

Concluidas las últimas palabras de los acusados, los magistrados dirán cuando se conocerá el veredicto.