Vicentin: piden desestimar el avocamiento y devolver el expediente al juez del concurso

Vicentin: piden desestimar el avocamiento y devolver el expediente al juez del concurso

Así lo manifestó en su dictamen ante la Corte santafesina, el procurador general Jorge Barraguirre en el concurso de Vicentin.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

En el marco de un expediente con muchos intereses, el pasado 16 de junio el acreedor Commodities S.A., peticionó ante la Corte santafesina el avocamiento en el concurso preventivo de Vicentin, solicitando que se tomen las medidas que entienda adecuadas para “encauzar el proceso a fin de resguardar los derechos de los acreedores y la conservación de la concursada y sus bienes”. 

En ese sentido refirió “gravedad institucional por violación del orden público económico en virtud de que la afectación es comunitaria por la cantidad de créditos y personas afectadas”. Para la empresa que no quiso dar conformidad al acuerdo como lo hicieron otros acreedores, se trataba de una “acción fraudulenta” por el tipo de quita y que sujetó el pago de la o las cuotas concursales, total o parcialmente, al resultado de una operación cuya vigencia depende del levantamiento de cautelares. Además criticaron el accionar del juez Lorenzini. 

Ante este panorama, ese mismo día se le corrió traslado al juez del concurso y le solicitaron la remisión del expediente a los fines de que la Corte se expida sobre el pedido de avocación. Entonces, el presidente de la Corte santafesina, Julio Gutiérrez, suspendió los términos del expediente por lo que la oferta de pago que Vicentin presentó en el concurso quedó frenada. Recordemos que, en abril pasado, Vicentin había logrado la mayoría de las conformidades por parte de acreedores comerciales restando negociar con los bancos y entidades financieras.

Así las cosas, el procurador general ante la Corte de la provincia, Jorge Barraguirre, dictaminó, en las últimas horas, rechazar el planteo de Commodities S.A, al sostener que no procede el "avocamiento" pretendido. 

Fundó su dictamen -que si bien no es vinculante pero ofrece lineamientos para que la Corte se expida- en que lo que “la presentación no constituye un supuesto de avocación (tal como está diseñado en nuestra legislación) y, que la “pretensión en los términos en los que fue formulada, resulta asimilable al supuesto de per saltum no existente en nuestra provincia”.

Finalmente, dijo Barraguirre, aún en ausencia de previsión legal, "realizaré algunas consideraciones respecto del contenido de las aseveraciones efectuadas por el solicitante, las que me llevan a concluir que la gravedad institucional no ha sido demostrada”.

En primer lugar, en el caso no se ha planteado ninguna "cuestión de competencia" que esta Corte deba resolver, esto es que no se cuestiona la aptitud del juez de la causa para entender en el caso, en los términos del artículo 2 que prevé que la Corte Suprema de Justicia resuelve con carácter definitivo las cuestiones de competencia que se susciten entre ella y las cámaras o los tribunales ordinarios, entre las cámaras, y entre éstas y los tribunales ordinarios, de oficio o a petición de parte. 

En segundo lugar, sostiene, que es ostensible que en la presente causa no se cuestiona acto de la administración pública alguno, por lo que no se cumple con los requerimientos básicos establecidos en el art. 3 de la ley 11.330 para considerar la procedencia de un recurso contencioso administrativo.

Además, recuerda el procurador en su dictamen que el peticionante solicitó a la Corte que se haga lugar al avocamiento y que tome las medidas que entienda adecuadas para encauzar el proceso a fin de resguardar los derechos de los acreedores y la conservación de la concursada y sus bienes. 

“La pretensión así esgrimida excede absolutamente el marco de actuación que posee esta Corte en virtud del recurso de avocación ya que el mismo habilita a decidir solamente respecto a qué tribunal debe entender en la causa”, asegura.

Por otro lado, refiere la presentación “esta Corte es un Tribunal Constitucional: esto significa caracterizarlo como un tribunal de derecho. Avocarse significaría, nada menos, que transformarlo en un tribunal de hecho y derecho como lo son los juzgados de comercio”. Además, siendo un tribunal de derecho, lo que lo diferencia del resto es que para acceder al tratamiento de las pretensiones quienes recurren a esta Corte deben indicar la comisión de alguna arbitrariedad. “Un juzgado de comercio aplica derecho en forma ordinaria, no extraordinaria”.

Por último, Barraguirre muestra su preocupación en caso de que el planteo tenga recepción por parte de la Corte ya “que no se alcanza a establecer un criterio definido para diferenciar qué causas serán objeto de avocación en el futuro si se avanzara con una avocación en éste y se consolidara el tratamiento del concurso ante esta Corte”.

En la presentación de 52 páginas, a las que MDZ tuvo acceso, el procurador aconsejó la intervención de la comisión legislativa del seguimiento del caso de Vicentin y la de un fiscal extra penal.

Sostuvo así que los representantes del pueblo, deberían contar con un canal institucional con el proceso. “No para ralentizarlo, complicarlo o volverlo ineficaz, sino con el simple propósito de ampliar el pool deliberativo e incorporar un punto de vista al proceso (incluso en paridad de condiciones con el resto de los participantes) que eventualmente puede ilustrar a los tomadores de decisión.

En cuanto a la incorporación de un fiscal, justificó su propuesta en la magnitud del pasivo concursal, la posición estratégica en el mercado de crushing, los capitales nacionales que la conforman, la provisión intensiva de empleo que provee, la investigación penal a la que sus directivos están siendo sometidos, la traba de medidas cautelares por tribunales penales de la provincia, la propuesta concordataria en sí (que alcanza a los acreedores quirografarios verificados -$ 97.367.473.092,87- e incluye a una filial argentina de la transnacional Glencore) y la presencia del patrimonio estatal bajo la persona jurídica del Banco Nación Argentina, “tocan el orden público económico y concursal. De modo que están más que reunidos el conjunto de factores flexibilizadores para que el Ministerio Público Fiscal extrapenal puede constituirse legítimamente en el proceso”.

En otro orden de cosas, el procurador se refirió a la tarea del juez del concurso cuestionado por el acreedor que solicita la avocación. Sostiene que “no parece haber un sesgo indebido favorable a la concursada en esta decisión en tanto no era función el juez concursal dar trámite a los pedidos tendientes a que se declare la ineficacia o inoponibilidad de la venta del 16,66% de las acciones que la concursada tenía en la empresa Renova S.A. con anterioridad al pedido y apertura del concurso preventivo”.

Por otro lado, no se observa que el juez del concurso haya permanecido imperturbable a las presentaciones realizadas sobre esta cuestión, sino todo lo contrario, fueron consideradas y “les dio un tratamiento adecuado en los términos de un concurso preventivo”.

Respecto de la venta del 33,33 % de Renova S.A. en 2022, Barraguirre afirma que se observa cierta tensión en el escrito presentado por el peticionante: “Por una parte afirma que la venta se realizó sin autorización judicial y en violación a las cautelares dispuestas y, al mismo tiempo, sostiene que está sujeta a condiciones (por ejemplo, al levantamiento de las cautelares)".

En su escrito concluyó que el planteo traído a estudio de la Corte resulta prematuro en tanto se pretendería el análisis previsto en la ley para una instancia posterior del concurso. Tampoco parece entonces que eso constituya “un sesgo que afecte la imparcialidad, la independencia y la integridad, principios que rigen la actuación judicial”, afirmó al solicitar la desestimación.

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