Obra pública: ahora la fiscalía apuntó contra Máximo Kirchner

Obra pública: ahora la fiscalía apuntó contra Máximo Kirchner

El fiscal Diego Luciani, durante sus alegatos, mostró mensajes entre José López y el hijo de la vicepresidenta, que dejan ver que sin tener un cargo decidía sobre las licitaciones.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

Durante 9 horas se desarrolló la tercera jornada de alegatos en el juicio conocido como "Obra pública" ante el Tribunal Oral Federal 2, que tiene como principal imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y donde los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron exponiendo sobre las 51 licitaciones otorgadas al empresario santacruceño Lázaro Báez de forma irregular y aseguraron que “todo fue una farsa”.

Según refierieron los fiscales, “ver las 51 licitaciones nos permitió ver cómo armaron planificadamente esto, se inventó una constructora, la misma se apropió de otras empresas para inventar una capacidad de obra, y vimos cómo en 47 licitaciones no presentó el certificado de capacidad de construcciones, un sistema de opacidad y el sistema parasitado autorizó todo”.

Los fiscales señalaron que se presentaron las mismas empresas de Báez para competir entre sí, que se abrían sin presupuesto oficial y aprobados en tiempos exiguos.

Lo llamativo fue cuando, al hablar de las obras, encontraron un dato no menor en el celular de José López: intercambios de mensajes con el hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner. “Está comprobada la intervención de Máximo", señaló y dijo que con José López “digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”.

Además, agregaron que “López era el que reportaba siempre a Máximo Kirchner avisándole cómo avanzaban los convenios y los proyectos para Santa Cruz”. Asimismo, mantenía contacto con Matías Bezi, persona de confianza de Máximo. 

Al mismo tiempo, durante los alegatos, se mostraron mensajes entre López y Abel Fatala -también sentado en el banquillo de los acusados-, que mostraron que “Máximo Kirchner recorría las obras con Matías Bezi. Tenían conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz”.

La fiscalía habló de una obra de 100 cuadras de pavimento en Río Gallegos, financiada con fondos nacionales, que “no pasó nunca por el Congreso" y "no tenían crédito legal pero no podía caerse porque era el último tramo de gobierno de Cristina Kirchner”, dijo el fiscal.

En ese contexto, volvieron a mostrar mensajes de José López que se comunica con el amigo de Máximo Kirchner y diputado provincial, Matías Bezi preguntándole si “había hablado con Maxi sobre la ubicación de las 100 cuadras”.

“Nótese cómo Máximo Kirchner era la persona encargada de definir la ubicación de las 100 cuadras que se iban a repavimentar”, señaló Luciani. El fiscal mostró entre los mensajes con Máximo uno del 30 de julio de 2015, que decía: “Encaminado lo de la Viv de El Calafate y de 28 de Nov”, señaló.

Además, sostuvo que quedó “establecido que la orden y el apuro para adjudicar esta licitación emanaban directamente de lo más alto del Poder Ejecutivo y en esta obra aparecen como intermediarios José López y el hijo de la presidenta”, también aseguró que se sabía de antemano que esa obra sería para Lázaro Báez.

En la audiencia pasada, la fiscalía destacó que no solo “hubo un direccionamiento grosero, inadmisible, y la cartelización, sino también que la falta de un adecuado control tiene consecuencias nocivas para la administración. Y esto era imposible que se permitiera si no era porque la orden venía del más alto cargo del Poder Ejecutivo. Es que el trámite de estos expedientes deja en evidencia la ausencia absoluta de control, la discrecionalidad, el direccionamiento hacia el grupo económico”.

En esta jornada, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no estuvo presente, autorizada por el Tribunal, pero el lunes próximo a las 8:30 se reanudarán los alegatos de la fiscalía. 

Según el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tanto, dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros) para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.

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