Nuevos desafíos

Tarifas, subsidios y FMI: el kirchnerismo promete resistencia

La semana próxima se concretará la misión virtual del FMI y las audiencias públicas para explicar los incrementos tarifarios reclamados por el organismo. Federico Basualdo, secretario de Energía, instrumentará la oposición desde su cargo.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño jueves, 5 de mayo de 2022 · 12:00 hs
Tarifas, subsidios  y FMI: el kirchnerismo promete resistencia
Foto: TELAM

Las cosas no serán fáciles la próxima semana para Martín Guzmán. El ministro de Economía deberá enfrentar un panorama doblemente complicado cuando; por un lado, deba protagonizar desde Buenos Aires los zooms de la fiscalización del Fondo Monetario Internacional (FMI). A su vez, tendrá que monitorear la marcha de las audiencias públicas donde se hablará de los incrementos tarifarios programados para este año.

Ambas cuestiones están conectadas y hablan del potencial éxito o fracaso del la discusión sobre el cumplimiento de las metas pactadas con el organismo. Para que haya un visto bueno de los veedores de Washington, habrá que comprometerse a reducir los subsidios a los servicios públicos en no menos de 0,6% del PBI. Esto supone, un volumen de incrementos tarifarios promedio de más del 45% y podría trepar al 60%; junto con un 10% de eliminación de subsidios a los sectores de mayores ingresos. Sin este programa, esa meta de 0,6% del PBI es imposible.

La situación sin embargo no será fácil y se complicará por un factor político: el kirchnerismo piensa en la resistencia. Y no está dispuesto a entregar ese nivel de reducción de subsidios, y peleará el tope de 20% con un embajador empoderado desde el Senado: el subsecretario de Energía Federico Basualdo. El kirchnerismo ya le ordenó al funcionario que resista y que ejecute las instrucciones -en parte elaboradas por él mismo- de no hacerse responsable de un incremento mayor a ese nivel porcentual. Y que, si se concreta, sacar su firma y que sea el ministro Martín Guzmán quién lo avale. Se daría una situación curiosa: un aumento tarifario sin el apoyo del funcionario que debe ejecutarlo y ponerlo en práctica.

El ajuste tarifario que deberá aplicar el país según Economía , por arriba de las alzas que ya se anunciaron del 20% en el servicio de electricidad y gas deberá duplicarse, y trepar a los $350.000 millones. Un total de 0,6% del PBI, en reducción de subsidios. El cuadro conocido hasta ayer incluía un ajuste cercano al 0,2%, esto es unos $130.000 millones; cifra a la que se llegaría con la eliminación del beneficio en algunas zonas puntuales de la Capital Federal y el conurbano bonaerense; más el incremento de 20% promedio anunciado para el primer semestre del año, y que para gran parte de la coalición oficial (especialmente el kirchnerismo) debía actuar como incremento máximo para todo el año.

El ajuste de las tarifas de electricidad se elevaría a más del 40%, siempre desde el segundo semestre del año. El porcentaje de incremento dependerá de dos cuestiones. El primero, la marcha de la meta de déficit fiscal de 2,5% de PBI comprometida por Economía para todo el 2022. Si en septiembre Martín Guzmán se acerca a ese nivel, el ajuste podría ser menor. Si se aleja, el alza tarifaria se profundizará, y combatirá contra el incremento de la inflación. En este caso, para saber el ajuste final de las tarifas eléctricas y del gas, habrá que esperar el incremento que muestren los salarios privados y públicos en blanco. Si, por ejemplo, estos crecen por encima del 50% ante una aceleración inflacionaria, el alza tarifaria final también subirá por arriba del 40%, acercándose incluso al 45%.

Pero el capítulo de los incrementos no quedaría allí. Hay un compromiso explícito del Gobierno ante el FMI, por el cual la eliminación de los subsidios directos deber pasar del 0,08% ya anunciado a un 0,1% del PBI. Esto es, de unos 6.500 millones a 65.000 millones de pesos. ¿Cómo se logrará este incremento? Aplicando el mismo criterio que se anunció para la Capital Federal y algunas, pocas, zonas del conurbano; a unas 9 regiones de todo el país; entre las que se incluyen el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos, la Patagonia y el norte argentino. En semanas se anunciarán zonas urbanas y rurales de todo el país, donde se ubicaría inmuebles de alto valor y supuesto nivel de ingresos de sus habitantes, a los que se le eliminaría el 100% de los subsidios.

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