Consejo de la Magistratura

Luis Juez no se da por vencido e interpuso un recurso extraordinario

Junto al senador Humberto Schiavoni siguen buscando que la Justicia los avale como miembros del Consejo y anule la designación de Martín Doñate, quien ya está en funciones tras la jura en la Corte.

Lourdes Marchese
Lourdes Marchese domingo, 29 de mayo de 2022 · 20:20 hs
Luis Juez no se da por vencido e interpuso un recurso extraordinario

Este próximo jueves el Consejo de la Magistratura tendrá su primer plenario con los 20 integrantes para definir las comisiones y sus presidencias y Vice. Así las cosas permanece judicializada la designación de la diputada Roxana Reyes -esta semana se presentó el informe del Congreso previo a resolver el amparo de Germán Martínez- y la del senador Martín Doñate.

En ese contexto Luis Juez y Humberto Schiavoni no dan por vencida su lucha judicial en pos de ser reconocidos como miembros del Consejo por la segunda minoría del Senado y presentaron un recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise su planteo, tras varios rechazos obtenidos hasta el momento. 

En el escrito de 31 páginas, los senadores  se presentaron a efectos de que se dicte nueva sentencia que declare la nulidad absoluta e insanable del DPP 33/22, por medio del cual la Presidencia del H. Senado de la Nación designó para integrar el Consejo de la Magistratura, como miembro titular, al senador Martin Doñate, y como suplente a Guillermo Snopek, “por resultar violatorio del régimen jurídico aplicable y abiertamente contrario a lo decidido por la CSJN con fecha 16/12/21 en el fallo “Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Otro C/ EN-Ley 26080-Dto 816/99 y otros s/ Proceso de Conocimiento”. Que, en consecuencia, por la vía que considere pertinente, se ordene el nombramiento de los senadores Luis A. Juez como consejero titular y a Humberto L. Schiavoni como consejero suplente, propuestos por el Bloque Frente PRO, en su carácter de segunda minoría parlamentaria”

Alegan que se está ante una cuestión de derecho y no ante una cuestión política, en la que corresponde determinar quiénes son los senadores que la Presidencia del H. Senado debió nombrar el 15 de abril pasado para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la segunda minoría.

“Esa segunda minoría ahora ve birlado su derecho por el accionar de la Presidencia del H. Senado, que entregó tres bancas a una mayoría que obtendrá así, ilegítimamente, una representación exacerbada en el Consejo, lo que es contrario al espíritu y el texto del art. 114 CN y su ley reglamentaria. Es por ello que esta cuestión es necesariamente justiciable, razón por la cual debe dejarse sin efecto lo resuelto por el a quo y dictar una nueva sentencia que subsane la violación demostrada”, sostuvieron.

Asimismo consideran que se está ante una gravedad institucional debido a que les rechazaron el amparo presentado alegando que es una cuestión no judiciable la que se debate. “Esta vulneración del derecho de una minoría parlamentaria implica además que se nos priva a los actores de nuestro derecho subjetivo individual y personal de ser designados consejeros (titular y suplente) en el Consejo de la Magistratura, incumpliendo además el fallo este Máximo Tribunal del pasado 16 de diciembre de 2021. Pues el Consejo de la Magistratura debió haberse completado en el plazo de 120 días, y sin embargo se hizo vencido el plazo y conforme a circunstancias que no eran las consumadas al momento en que el fallo debió haber sido cumplido”.

Por último dejaron asentado que tanto el fallo de la Sala V en este proceso como el de la Sala II en autos “Colegio...” les vedan la posibilidad de hacer efectivo el derecho que la ley les otorga. Entonces agregan que es necesario señalar que, “de mantenerse la negativa a hacer lugar a lo solicitado por nuestra parte, confirmando la decisión del a quo, se configuraría una notoria violación del derecho a la defensa en juicio de nuestro derecho individual a ser designados consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, toda vez que se habrían cerrado -sin posibilidad de debate alguno- todos los caminos para solicitar la protección jurisdiccional de nuestro derecho afectado”.

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