Internas políticas

Bonistas culpan al Gobierno y al FMI por la mala hora de sus papeles

Los tenedores de deuda argentina renegociada en agosto del 2020 protestan por las internas políticas del gobierno nacional pero también contra el Fondo Monetario por no haber sido mas duros en la negociación del Facilidades Extendidas. Las inversiones continúan en precio de default.

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño viernes, 22 de abril de 2022 · 15:00 hs
Bonistas culpan al Gobierno y al FMI por la mala hora de sus papeles
Foto: Télam

Paul Samuelson, el teórico respetado por ortodoxos y heterodoxos dentro de la ciencia económica, siempre comenzaba sus explicaciones sobre las crisis recurrentes con una máxima: la economía sigue a la política, y no al revés. Es el mismo argumento al que hoy recurren profesionales como el premio Nobel Paul Krugman y similares. Es una definición que cabe perfectamente a la Argentina de hoy, ya que no reacciona la deuda argentina renegociada en agosto de 2020 por Martín Guzmán y sigue navegando a precios de default, aún luego del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Simplemente, porque la política argentina no ayuda. Incluso combate la posibilidad de una estabilidad.

En esta línea, los poderosos fondos de inversión y bonistas en general que aceptaron en aquel momento la oferta de Martín Guzmán, continúan disconformes y enojados. Pero, paradójicamente, no sólo con Argentina, lo que es un clásico. Sino ahora también con el organismo que maneja Kristalina Giorgieva. Creen que el Fondo no fue lo suficientemente duro con el país y que el camino fiscal cerrado para el período 2022-2025 es demasiado flexible y poco exigente. Y que, en definitiva, no tuvo en cuenta la situación financiera de la Argentina para 2024, año en que debería comenzar a regularizarse la deuda renegociada hace un año y medio.

Consideran que el FMI cometió un error de raíz al cerrar el acuerdo que esta semana se convertiría en ley en la Argentina y que antes del 22 de marzo ingresaría en tratamiento del Board del organismo: el no exigirle al Gobierno de Alberto Fernández que firme un acuerdo que incluya estrictas reformas estructurales, lo que provoca un severo peligro de incumplimiento ante el poco nivel de exigencia que se le obligará a aplicar al país en el Facilidades Extendidas a 10 años. En concreto, a los tenedores de la deuda argentina, los que la mantuvieron desde el canje o los nuevos inversores, no les gusta el acuerdo que el país firmó con el Fondo, pero por flojo en materia de exigencias. Lo contrario, curiosamente, a lo que se políticamente se le cuestiona en Argentina a Martín Guzmán.

La posición ya había sido expresada en febrero pasado en la presentación en sociedad que realizó el entonces recién llegado director gerente para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, y que se había abierto a una videollamada ante un puñado de invitados del mercado financiero internacional identificados por operatorias con Buenos Aires; y las respuestas del brasileño-israelí no los satisfizo.

En aquella videocharla del 1° de febrero, el entonces recién asumido director gerente para el Hemisferio Occidental había hablado de un plan “realista”; de la imposibilidad de obligar a la Argentina a aplicar reformas estructurales de fondo como laborales, previsionales o fiscales; y defendió el gradualismo con el que se cerraron las metas de déficit primario. Esta actitud enervó a los tenedores de la deuda criolla, que esperaban una actitud más firme, dura y directa desde el Fondo; no explicaciones sobre por qué se fue flexible con el gobierno de Fernández.

Periódicamente, al ritmo de la caída de los precios de los títulos públicos pos canje hacia los actuales niveles de default (pese a la cercanía real de un acuerdo con el FMI), fueron presentando comunicados y declaraciones públicas criticando la marcha del manejo de la economía argentina y reclamando al FMI que acelere las presiones por un Facilidades Extendidas.

La última presencia pública de los bonistas había sido el 1 de diciembre, cuando el Ad Hoc le había exigido al Fondo través de un comunicado difundido desde redes sociales que presione para que el acuerdo se acelere y que se aplique un duro plan de ajuste. Y que este les garantice que el país obtendrá hacia 2025 y en adelante los dólares suficientes como para cumplir con el compromiso de pago. Sólo así, consideran, sus bonos volverían a detentar cierta competitividad en los próximos meses que les haga recortar las pérdidas. Y, eventualmente, poder colocarlos en los mercados perdiendo la menor cantidad de dólares posibles.

En el mensaje se afirmaba: “El Gobierno argentino está entrando en su tercer año sin articular un plan económico. Analizamos los problemas en febrero y nada ha cambiado. Dirigir una economía no debe ser un ejercicio político ni académico. Requiere soluciones reales, no dilaciones y fantasías interminables”.

La posición de los bonistas es compartida por Wall Street y los mayores operadores financieros internacionales. Esto quedó ayer en claro en la publicación del Financial Times, que se refirió al acuerdo alcanzado entre Argentina y el FMI cuestionando las condiciones en que el organismo cerró el entendimiento. En un artículo titulado “el acuerdo del FMI con Argentina necesita condiciones más duras”, el medio dejó marcada su postura sobre la negociación: “Decir que Argentina tiene una historia problemática con el FMI es quedarse corto. Una nación relativamente rica, el exportador de granos de América del Sur ha negociado no menos de 21 acuerdos con el FMI desde que se unió en 1956. La mayoría ha fracasado. Hay pocas razones para pensar que el vigésimo segundo acuerdo que se está negociando ahora tendrá más éxito”. Ahora se espera que la actitud de los bonistas vuelva a hacerse pública, se supone, luego del cierre del acuerdo con el Fondo.

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