FMI: el Gobierno rechazó la oferta opositora encabezada por Carrió que apoyaban economistas de Juntos por el Cambio

FMI: el Gobierno rechazó la oferta opositora encabezada por Carrió que apoyaban economistas de Juntos por el Cambio

La Casa Rosada rechazó la oferta opositora. La Coalición Cívica afirma que no es necesario que las variables del acuerdo pasen por el Congreso. Los economistas de JxC coinciden. Señal para renegociar en la próxima gestión.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

La oposición le dio en las últimas horas un guiño al oficialismo: que sólo pase por el Congreso Nacional la autorización al Ejecutivo de tomar deuda, pero no necesariamente el contenido puntual, con metas y variables, del Facilidades Extendidas que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El gobierno rechazó esa oferta hoy por la mañana alegando que no es opción para el Frente de Todos evitar el debate parlamentario. No es la opinión que tienen los economistas que asesoran a Juntos por el Cambio. La mayoría cree que la idea de la Coalición Cívica podría ser uno de los pocos caminos viables. 

Elisa Carrió y la Coalición Cívica habían dado ayer el primer paso. Pero la posición de esta agrupación que participa de JxC es compartida por la mayoría de los economistas de la agrupación política; incluyendo a Carlos Melconian y Hernán Lacunza, entre otros. Aseguraron en  la fuerza política de la ex diputada nacional, que con este mecanismo quedaría salvada la aprobación en general del acuerdo, sin necesidad de un traspié político del oficialismo en el Congreso en cuanto al contenido puntual del Facilidades Extendidas; el que sería exclusiva responsabilidad del Ejecutivo. Afirman en la Coalición Cívica, y confirman desde la visión de los profesionales macro que asesoran a la oposición, que la legalidad de la maniobra está saldada; y que no habría cuestionamientos legales a la acción.

La mirada opositora es doble. Por un lado se le estaría dando un guiño al oficialismo, evitándole la exposición oral y pública de las diferencias ante la decisión política más difícil del Gobierno de Alberto Fernández. Por el otro, y ante la segura necesidad de renegociar el acuerdo en 2024/ 2025, el hecho de no discutir en el Legislativo Nacional los términos del acuerdo actual, dejaría la jurisprudencia sobre la posibilidad de renegociar el Facilidades Extendidas con otro escenario político y económico; en el supuesto caso que una gestión de JxC venza en las próximas elecciones presidenciales del 2023 y suceda a Alberto Fernández un Gobierno de otro signo. Como consecuencia secundaria, se caería el argumento acusatorio del kirchnerismo contra Mauricio Macri, Nicolás Dujovne y otros funcionarios de la anterior gestión, que basan el señalamiento de la ilegalidad del Stand By firmado en 2018 por el hecho que este no pasó por el Congreso y fue aprobado por decreto.   

El plafón técnico de la explicación para que el contenido del acuerdo con el FMI no pase por el Legislativo, se basa en que, para la visión opositora, no existirían argumentos sólidos y legales, ya que sólo se necesitaría que pase por el Poder Legislativo la aprobación o rechazo (o la abstención), de una reestructuración de deuda por una nueva. En el caso de la discusión con el FMI, el reemplazo del Stand By cerrado en el 2018, por un nuevo proceso de toma de crédito incluido en el Facilidades Extendidas. Pero sólo como dinero que ingresa en un plan de pagos para liquidar otro vigente.

Siguiendo esta lógica, opinan los economistas que de ninguna manera debe pasar por la cámara de Diputados y el Senado para institucionalizar su legalidad, un acuerdo con el FMI para avalar compromisos trimestrales y anuales acordados con el organismo financiero internacional. El compromiso y cumplimiento de las metas de déficit fiscal, monetarias, financieras, cambiarias, y previsionales, deberían ser negociadas y firmadas y comprometidas sólo por el ministerio de Economía, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, firmadas y rubricadas por un decreto presidencial. Eventualmente, y sólo como una complementariedad formar institucional, sería tarea del Congreso debatir un proyecto de presupuesto que incluyera las métricas selladas con el Fondo. Pero no mucho más.

La clave teórica, es que la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública 27612, aprobada en marzo de 2021, dice en su artículo 2: “ Dispónese que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. Y que en el artículo 3 se menciona a “la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras, así como los programas de financiamiento u operación de crédito público realizados con el FMI, y las eventuales ampliaciones de los montos de esos programas u operaciones”.

La interpretación que hacen los economistas, es que ninguno de estos párrafos se relaciona con las metas y el contenido técnico del acuerdo, sino de la renegociación de la deuda vigente. Se tiene en cuenta en esta visión, que tanto el Stand By como el Facilidades Extendidas son créditos, y que uno sirve para reestructurar el anterior. En este sentido, la ley exigiría que el Congreso apruebe el programa general, pero no las metas y las variables puntuales; lo que sería responsabilidad del Ejecutivo. En la misma línea, se piensa que todo el acuerdo con el FMI podría ser aprobado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que perdiera legalidad ni institucionalidad.

Más allá de la visión de Carrió y los economistas de JxC, es el propio Fondo Monetario el que quiere que el acuerdo pase por el Congreso, y que el principal frente opositor se involucre. Desde Washington se busca que en el momento de llegar al board, el Facilidades Extendidas muestre apoyo de la mayor parte de la clase política argentina. Ya bastantes explicaciones, consideran en la sede del organismo, habrá que dar para que haya votos positivos al acuerdo negociado por Alberto Fernández y Martín Guzmán, sin el aval explícito del kirchnerismo.

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