Duro fallo: los límites que la Corte le pone al Gobierno nacional y el pedido de "buena fe"

Duro fallo: los límites que la Corte le pone al Gobierno nacional y el pedido de "buena fe"

La Corte Suprema aseguró que el Gobierno nacional se excedió en sus facultades al intentar frenar las clases de manera unilateral. El fallo va más allá del litigio con la Ciudad de Buenos Aires y hablan de la necesidad de que haya "buena fe" entre la Nación y las provincias. Cómo impacta en Mendoza.

Pablo Icardi

Pablo Icardi

La Corte Suprema le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo para mantener las clases presenciales, pero en realidad el fallo tiene alcances mucho mayores: ratifica la potestad de las provincias para decidir sobre educación y otros temas, anulando la posibilidad de modificar ese estatus sin que medie el Congreso; recuerda el carácter federal de Argentina y pone a la educación como bien superior y que debe ser priorizado.

La misma Corte establece que el alcance de su decisión excede el reclamo puntual: sienta las bases para normativas futuras. “No se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino”, aseguraron los jueces de la Corte.

Para el Gobierno nacional es un duro golpe porque recorta las facultades que el Ejecutivo creía tener. Para las provincias lo contrario. En Mendoza, por ejemplo, la sentencia es festejada porque ratifica la interpretación normativa que habían hecho.

La potestad de decidir sobre la educación es de las provincias. Entre los jueces que votaron, el fallo fue unánime. Solamente faltó el voto de la jueza que se abstuvo porque creía que no era competencia de la Corte. Cada juez eligió argumentar por su lado. Esos argumentos no son contradictorios entre sí. Fuera de lo institucional, la Corte relativiza incluso los datos epidemiológicos presentados por la Nación como argumentos para suspender las clases. “Sobre la particular incidencia relativa de la educación presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, en lo que aquí interesa”.

La sentencia condiciona el último DNU de Alberto Fernández, que buscaba ampliar las restricciones a otras jurisdicciones, incluida Mendoza. Más aún a futuro: difícilmente el Presidente pueda tomar medidas sin consensuarlas con las provincias, salvo que sean de carácter nacional.

Las provincias deciden

En todo el fallo los jueces de la Corte dejan claro que el Poder Ejecutivo nacional se excedió de sus facultades al intentar cerrar las escuelas en un distrito puntual. Y los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti avanzan en una interpretación política: hablan de “lealtad federal”; es decir de la práctica de la buena convivencia que debería haber entre las jurisdicciones para no perjudicar al otro.

“En el contexto referido, el sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las competencias de un Estado en detrimento de los otros. De esta manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades “para ayudarse y nunca para destruirse”, argumentaron los jueces. “El armónico desenvolvimiento del sistema federal de gobierno depende de la “buena fe”, de la “coordinación” y de la “concertación” recíproca entre los distintos estamentos de gobierno (Nación, Provincias, Ciudad de Buenos Aires y municipios), pues esos principios constituyen el  modo razonable para conjugar los diferentes intereses en juego y encauzarlos hacia la satisfacción del bien común”, agregan. El términos jurídicos y respetuosos, los jueces retan a la Nación por no buscar acuerdos y concordia.

En cuanto a la educación, se deja claro que es competencia de las jurisdicciones tomar las medidas necesarias y que ni el estado de emergencia sanitaria no es razón suficiente para quitarle a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires esa potestad. Incluso, aseguran que los argumentos estadísticos presentados por la Nación no son suficientes para justificar el riesgo que se dice correr con las escuelas abiertas.

Competencias

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkratz, también ahondó en el error de concepto que tiene el Gobierno nacional en cuanto a las facultades que se atribuye. “Respecto de la salud y salubridad públicas, desde sus primeros precedentes esta Corte dejó sentado que el ejercicio del poder de policía en esa materia era una atribución propia de las provincias. ..Las provincias conservan todo el poder no delegado y se dan sus propias instituciones sin intervención del Gobierno federal”, asegura.

En el mismo plano, el Presidente de la Corte cree que solo a través del Congreso se podría tomar una decisión como la que decretó Alberto Fernández. “La decisión de suspender las clases presenciales adoptada por el Estado Nacional —aun a la luz de la declaración de emergencia— solamente podría validarse constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad exclusiva del Congreso”, explica el juez, quien incluso limita los alcances de las leyes que se puedan sancionar. “Esta facultad exclusiva del Congreso puede ejercerse únicamente cuando una determinada actividad tiene carácter  interjurisdiccional  y no al revés. En otras palabras, la Nación, mediante una sanción normativa, no puede transformar en interjurisdiccional lo que, fáctica y jurídicamente, no lo es”.

El Presidente de la Corte no desconoce el carácter excepcional de la pandemia, que no respeta límites. Pero eso no faculta, según él, a que la Nación disponga unilateralmente medidas por encima de las provincias. “Ello implicaría el desplazamiento total y absoluto de las autoridades locales en cualquier situación o aspecto de la realidad que guardase un mínimo de conexión con aquel grave problema. Una tesis tal es inadmisible, especialmente cuando la decisión del Estado Nacional impacta en el modo de operación y funcionamiento del sistema educativo a nivel local”.

Para él, la decisión del Gobierno nacional es una intromisión y es inconstitucional. “La decisión adoptada por el Poder Ejecutivo de la Nación de disponer la suspensión de las clases de manera unilateral y directa configura una intromisión en las facultades que corresponden al gobierno autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el funcionamiento de su sistema escolar y resulta, por ello, contrario a la Constitución Nacional”, especifica. Nuevamente, se refiere al caso puntual de  CABA. Pero es trasladable a todas las decisiones similares que se tomaron, como el intento de suspensión de clases en Mendoza.

En el mismo fallo se hace otra mención que excede los alcances del tema puntual: hacen mención a la base institucional de Argentina. “hay todavía una razón adicional de máxima importancia que subyace a toda nuestra organización institucional que debe aquí hacerse explícita. Se trata del respeto que todas las autoridades de la República han de rendir al orden institucional y al sistema democrático. La obligación de respetar y acatar el proyecto de república democrática”, aseguran.

Otro de los jueces que argumentó su propio voto fue Ricardo Lorenzetti, quien asegura que ninguna decisión debe bloquear el acceso a un derecho básico, como es la educación. “Esta situación de excepción, que habilita la restricción, no puede producir, sin embargo, una afectación esencial del derecho. Ello ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad. Por otra parte, quien pretenda restringir el derecho, tiene la obligación de buscar primero los modos alternativos que puedan existir para evitar esa restricción”, aseguró.

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