Una ley hecha a medida se destraba con un fallo de la misma especie

Una ley hecha a medida se destraba con un fallo de la misma especie

El fallo que aceptó la posibilidad de declarar ilegal el artículo 7 de la ley que imponía una sola reelección consecutiva y consideraba el mandato de 2015 como el primero, deja al descubierto la potencia que tienen los que son parte del poder sobre los que no lo son.

Alejandro Cancelare

Alejandro Cancelare

Si uno tomara sólo los deseos de la opinión pública, cada vez más del lado del "que se vayan todos, que no quede, ni uno solo", la Ley 14836, que modificaba la Ley Orgánica de las Municipalidades, era una respuesta muy conveniente con los tiempos que se vivían en los inicios del Gobierno de Cambiemos, donde la gente había votado eso, un cambio, de formas y de fondo.

Pero como todo lo que sucede en Argentina, las buenas intenciones siempre traen detrás dudosos intereses no escritos. En este caso puntual, el artículo 7, que definía que el primer mandato para definir el conteo para una única reelección era el que habían empezado un año anterior, en 2015, fue lo que provocó todas las dudas hoy expuestas por el fallo del juez Jorge Ocampo, cuya resolución de primera instancia también reaviva la polémica de fondo. Que existe una Justicia para los que participan del poder y otra para los que no lo hacen.

En 2016, cuando Rubén Eslaiman presentó el proyecto en cuestión, Sergio Massa tenía una sociedad política muy fuerte con María Eugenia Vidal que, con ese respaldo, podía proponer cualquier tipo de iniciativas al resto de la legislatura bonaerense. Eran momentos donde todos querían deshacerse del "yugo político" de Cristina Fernández de Kirchner, inclusive los intendentes del peronismo, que habían conformado el "Grupo Esmeralda", encabezado por Martín Insaurralde.

Ese grupo tenía, a su vez, una importante cantidad de legisladores, diputados y senadores bonaerenses, que solían respaldar lo presentado por el oficialismo cambiemita. El entonces aliado del Frente Renovador, Jorge Sarghini, presidía la Cámara de Diputados provincial y la ley que limitó a una sola reelección para los cargos de intendentes, concejales y consejeros escolares, mientras que los intendentes Martín Insaurralde, Gabriel Katopodis, Juan Zabaleta, Mariano Cascallares, Alejandro Granados y Gustavo Menéndez, entre otros, hicieron apoyar a los legisladores propios esta iniciativa. El kirchnerismo no acompañó la limitación y eso lo recordó, en las últimas reuniones, Máximo Kirchner

"La ley la impulsaron para jubilarnos a todos", se quejaba uno de los intendentes que menos quiere que se lo relacione ni con Massa ni con Vidal. Para este jefe comunal, que habló en extrema reserva con MDZ, "eran momentos donde la 'nueva política' estaba de moda y nosotros éramos unos dinosaurios o algunos pretendían que nos fuéramos cuanto antes. Por eso metieron ese artículo, que claramente no tiene razón de ser". 

Por eso fue que, taxativamente, la norma dispuso, en su artículo 7, que "el período de los intendentes, concejales, consejeros escolares, diputados y senadores a la entrada en vigencia de la presente Ley será considerado como primer período". Para ese entonces, los electos ya tenían un 25% de mandato consumado. 

Pero, los tiempos cambian y las urgencias políticas hacen que, lo votado con entusiasmo hace cinco años, ahora varios de los que en aquella oportunidad sabían lo que les quedaba por delante, dispusieran o irse antes de la finalización de su segundo año en lo que sería su último mandato o especularan con esta posibilidad judicial que abrió con su fallo de primera instancia el juez Ocampo, del Contencioso Administrativo 1 de San Martín.

No llamará la atención que uno de los operadores más importantes en favor de la modificación de la ley o directamente su derogación sea el propio Insaurralde, hoy jefe de Gabinete provincial, y que lo escuchen, mansamente, varios de sus antiguos pares intendentes que trabajan en Juntos

La sociedad, que mayoritariamente está en contra de los mandatos indefinidos, está discutiendo ahora sobre una resolución que no habla de eso, sino que fija una certeza sobre el período que se consideraría primer mandato, el año 2019. 

"¿Es un fallo casi a pedido?" le preguntó este periodista a un reconocido operador judicial del Departamento Judicial de San Martín. "Sí, puede leerse así por la celeridad y el guiño que le hace a la dirigencia política", aunque también "no es una sentencia descabellada. Camina en la fina línea de saber que no es una ley impresentable ni mucho menos".

"Lo lamentable del caso es que mientras que la gente nos reclama Justicia por hechos de inseguridad, delincuentes que entran y salen, y son visibles hechos de impunidad oficial, la política siempre tiene una solución a mano", comentó.

En la provincia de Buenos Aires, a medida que se avanzó con la "descentralización judicial", lo que antes era sólo ámbito dentro de los tribunales, la injerencia de la política se trasladó a la cotidianeidad. Los intendentes, que de manera directa o delegada en sus senadores y diputados, impulsaban la asunción de funcionarios judiciales amigos también empezaron a solventar con recursos municipales la actividad de las fiscalías descentralizadas, juzgados de menores y otras oficinas del Poder Judicial. 

Así, los fiscales evidenciaron un cambio sustancial de sus deberes investigativos y las Unidades Fiscales de Investigación Especial, UFIE, abiertas para investigar delitos complejos casi no tocaron más a estos y otros funcionarios públicos. El Departamento Judicial de San Martín, el mismo en el que ahora trabaja Ocampo, había puesto en prisión a los intendentes de General Sarmiento, José De Luca, y al de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino. Este último fue declarado libre de culpa y cargo y luego ganó las elecciones posteriores a su arresto. 

Hubo casos emblemáticos recordados aún hoy por los memoriosos del sistema institucional bonaerense. En la zona Sur y Oeste, eran muy importantes las opiniones de Eduardo Duhalde, de Lomas de Zamora, Alberto Pierri, de La Matanza, y Aníbal Fernández, en Quilmes, en la década del '90. Eran los mismos tiempos en los que las veladas boxísticas realizadas en Tres de Febrero estaban repletas de aspirantes a ser jueces, fiscales o miembros del Poder Judicial. Allí, aunque hablaban pestes en privado, aplaudían cada reacción del dueño de casa, Hugo Curto, el mismo que, a través de sus operadores judiciales, logró el nombramiento de Jorge Ocampo en el Contencioso Administrativo. 

El Departamento Judicial de Morón, por su parte, también tuvo su leyenda. El senador Horacio Román, jefe político de una camada de expertos dirigentes de ese municipio, Ituzaingó y Hurlingham, hacía pasar por su oficina de Mendoza 50 a cada uno de los interesados en impartir justicia.

En cada Departamento Judicial hay un operador principal. La Plata, San Isidro, Mar del Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, La Matanza, General San Martín, Bahía Blanca, Zárate- Campana, Morón y Dolores son los que manejaron los casos públicos más resonantes y, por ende, los que están siempre vigilados por los jefes políticos de las localidades intervinientes en su territorio. 

Así las cosas, no deben extrañar que la dirigencia en general tenga otras formas más directas de conseguir lo que pretende. Un favor se paga con otro, aunque para esto no se necesite una amenaza o indirecta. Simplemente, con sentirse "parte", basta.

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