Reelección: un fallo de la Justicia le da la derecha a los intendentes bonaerenses

Reelección: un fallo de la Justicia le da la derecha a los intendentes bonaerenses

El ex juez de Faltas municipal de Tres de Febrero, kirchnerista confeso, Jorge Ocampo -juez contencioso de San Martín- avaló la presentación de una concejal de Malvinas Argentinas en la que sentía avasallados sus derechos por el artículo 7 de la reforma de la Ley Orgánica de los Municipios.

Alejandro Cancelare

Alejandro Cancelare

La presentación para fijar certeza sobre si tenía o no derecho a presentarse nuevamente como concejal la realizó la edil de Malvinas Argentinas, Andrea Carina Pavón, quien pidió que se suspenda el artículo 7 de la Ley 14836 por la que se modificó, de manera retroactiva, los derechos y obligaciones de los intendentes, concejales y consejeros escolares de la provincia de Buenos Aires.

En castellano simple y claro, Ocampo le dio la derecha a la concejal que, asesorada por el senador provincial malvinense Luis Vivona, pretende que el período que debe ser tomado para su primer mandato sea el de 2019, y no 2015. La ley, sancionada un año después, puso ese año como primera gestión a tomarse en caso de querer ser reelecto.

En su fallo de once carillas, Ocampo, quien asumió en 2003 en el Contencioso Administrativo 1 de San Martín cuando, tras la reforma constitucional bonaerense, los Departamentos Judiciales de la Provincia implementaron estos juzgados que debían tramitar situaciones que afectasen directamente cuestiones vinculadas con la administración pública. 

Antiguo juez de faltas de Tres de Febrero bajo la gestión de Hugo Curto, su propuesta para cubrir este primer cargo dentro del escalafón judicial bonaerense fue presentado cuando el ex intendente manejaba los nombramientos judiciales de la región. 

"El fallo está bien hecho, tiene consistencia técnica y no pone en tela de juicio la decisión de Ocampo", dijo un juez que lo conoce y reconoce el "celo" con el que cuidó este expediente. El domingo, tres fuentes que lo conocen de manera directa fueron consultados por MDZ, pero ninguno pudo saber mucho. 

Leonardo Nardini, el jefe político de Pavón, comentó que la discusión es más que incómoda: "Encima las últimas posturas públicas de propios y opositores habían tensado la situación".

Nardini es amigo y aliado de Sergio Massa. Sabe que no tenía demasiado margen para apoyar la modificación de la ley. Pero, como a muchos, les llamó la atención la toma de una postura pública al respecto. "Queremos la misma posibilidad que tienen el presidente y el gobernador, una reelección, pero que se establezca la contrariedad de este artículo en particular", comentó.

El fallo de primera instancia, explicitado en el expediente 49.924, atendió la postura de la concejal que explicó que "la mentada normativa adolece de una clara falta de certeza la cual puede generarle o producirle un perjuicio o lesión actual, configurando asimismo dicha incertidumbre una clara violación a sus derechos y garantías consagrados por el art. 37 de la Constitución Nacional, por lo que solicita se declare la inconstitucionalidad del referido art. 7 de la Ley 14.836 y su Decreto Reglamentario n° 265/19".

El magistrado no dice que la norma sancionada en 2016 pueda ser considerada inconstitucional, pero deja establecido que el artículo 7 fue en contra de derechos preexistentes. En su momento, el diputado provincial radical Walter Carusso había dejado sentado en el libro de actas de aquella sesión que "el artículo en cuestión iba a ser revisado en el Contencioso porque no puede haber una norma que afecta derechos preexistentes".

Todos los intendentes consultados, que prefirieron el off, aclararon que "no está en discusión la limitación de una reelección. Lo que sí está en la mesa judicial es que no puede considerarse 2015 como primera gestión cuando la ley fue sancionada al año siguiente".

Sin embargo, nadie había presentado nada hasta pasados varios años. La versión de que había una expedición judicial ya preparada viene desde hace algunos años, y todos sindicaban a los legisladores con llegada directa al Poder Judicial, algo que terminó efectivizándose con este fallo de primera instancia. 

Los pasos judiciales son los siguientes. El Fiscal puede apelar esta medida y es la Cámara, presidida por el peronista Jorge Saulquín, la que terminará decidiendo, con sus otros dos miembros, la validez del fallo de primera instancia. Si el Ministerio Público no interviene, lo actuado por Ocampo quedará firme. 

 

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