El PAMI en el ojo de la tormenta por un posible caso de corrupción

El PAMI en el ojo de la tormenta por un posible caso de corrupción

Mientras el juez Casanello citó a indagatoria a tres agentes del organismo y dueños de 5 farmacias por defraudar al Estado con recetas truchas, en Salta imputaron a la titular de la filial y a un asesor de Anses por pedir plata a cambio de cargos para La Cámpora.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

Esta última semana el juez Sebastián Casanello decidió citar a indagatoria para el mes de noviembre a 3 agentes de Pami y dueños de 5 farmacias por defraudación. Según se supo, estas personas podrían estar involucradas en un complejo entramado relacionado con recetas apócrifas y cargos en la función pública. 

Se les imputa que, entre 2012 y 2017, realizaron maniobras para el cobro de tratamientos para la diabetes -que la obra social cubre al 100%- mediante la presentación de recetas con troqueles falsos de insulinas y/o tiras reactivas, la utilización de datos de afiliados a la obra social (que no eran pacientes diabéticos), sellos y grafías de médicos; y la inserción de datos falsos de “terceros intervinientes” para simular la venta legítima de los medicamentos para el tratamiento de esa enfermedad.

Las farmacias implicadas, cuyos dueños deberán responder en la justicia son: “Añon”, “Larroca”, “Moreno 90”, “Farmatica II” y “La Gota”.

De acuerdo con la pesquisa, durante el período 2013-2016 la farmacia Añon, ubicada en San Isidro, presentó más de 5 mil recetas con prescripción de tiras reactivas y/o insulina a favor de más de 500 afiliados quienes -según los casos- se encontraban fallecidos al momento de la dispensa o no consumían esos medicamentos. La facturación ascendió a 70 millones de pesos.

Del análisis de la UFI PAMI se determinó que la maniobra no podría haberse perpetrado sin la intervención de tres agentes de la obra social que prestaban funciones en las unidades de gestión local VI de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y VII de San Martín.

El caso de PAMI Salta y la relación con La Cámpora 

En tanto, en la provincia de Salta, nació una una investigación por el cobro irregular de IFE y el fiscal Federal de Salta, Ricardo Toranzos, imputó a la titular de la filial local del PAMI, Verónica Molina, y al asesor de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), Marcos Vera, por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado. En el caso de Vera, es uno de los funcionarios que quiso cobrar IFE cuando no le correspondía.

En esta investigación, que dio inicio en marzo pasado, un testigo de identidad reservada denunció que los funcionarios imputados obligaban a los jefes de distintas agencias del PAMI, en Salta, a entregar el 20% de su sueldo, en supuesta compensación por sus designaciones, las cuales eran promovidas por la organización política La Cámpora, tal como surgió de las declaraciones brindadas en un juicio seguido a tres ex gerentes del PAMI, por el cobro irregular del IFE.

Asimismo, mediante la recolección de prueba se logró establecer que el dinero recaudado a los funcionarios era redirigido a la filial salteña de la organización política, de la cual Vera era secretario general y desarrollaba tareas en el área de adoctrinamiento. Vera recibía innumerables transferencias a través de su cuenta de Banco Nación.

Por otra parte, Toranzos les imputó el delito de peculado, por la presunta entrega, a través del PAMI, de electrodomésticos donados por la Dirección General de Aduanas (DGA) para beneficio de 1.500 afiliados en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, “de diversos artículos periodísticos surge que esos bienes eran distribuidos en actos de campaña del candidato a concejal de la capital salteña por el Frente de Todos, Fernando Duarte, quien también tendría lazos con La Cámpora manifestó el fiscal en la audiencia de imputación quien dijo haber corroborado por parte de dichos beneficiarios lo que surgía de las notas.

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