Transporte

Quién paga el aumento: la decisión más difícil que debe tomar Suarez

El Gobierno aumentaría un 37% el costo del transporte. Pero no está decidido cuánto aumentará el boleto el año que viene. Buscarán bajar el impacto, a pesar de la falta de recursos para hacer frente a más subsidios.

Pablo Icardi
Pablo Icardi jueves, 3 de diciembre de 2020 · 08:09 hs
Quién paga el aumento: la decisión más difícil que debe tomar Suarez
Foto: STM

Los servicios públicos que van a descongelar. Tras más de un año sin aumentos, el Estado nacional y la provincia analizan los costos y luego deben tomar una decisión clave: quién paga los aumentos. O, mejor dicho, de qué caja salen. 

En Mendoza el transporte público es el servicio más sensible. Por el volumen de usuarios, el impacto que tiene y también porque tiene la tarifa más atrasada. Hace dos años que se financia con subsidios directos del Estado y cada vez es menos importante el pago del boleto. El Ente del Transporte recomendó un aumento del 37,25% del costo por kilómetro recorrido. Es decir, ese sería el aumento que recibirían las empresas de transporte, que seguirán sin estar bajo riesgo. 

Suarez debe decidir si ese aumento se trasladará a tarifa o si sigue creciendo el volumen del subsidio provincia, que para el año que viene será de 10 mil millones de pesos. El boleto base es de 18 pesos, pero los ingresos reales por esa vía no se calculan con ese valor porque en realidad el promedio es menor. Si se aplicaría el aumento directamente a tarifa el precio subiría a 25 pesos. Pero ni así alcanzaría a equilibrar los ingresos. 

En el Gobierno reconocen la sensibilidad del transporte. Y es una cuestión de costos; pero no de costos económicos sino políticos y sociales. Mucho más en terrenos políticos fangosos. "No está decidido si va a aumentar el boleto", explican en el Ejecutivo, aún cuando parecería casi obvio luego de dos años sin incrementos. 

En Servicios Públicos aseguran que en 2021 habrá una planificación inteligente. Menos recorridos, mejor ordenados. Han pautado una reducción de kilómetros recorridos, aún a pesar de que volverán las clases y se mantendrá la política de distanciamiento. Serán más recorridos que este año, pero menos de los que se pautaron en la licitación original. 

Para el Gobierno el aumento que se aplicará es "lógico" dentro del esquema de costos. Uno de los ítems más importantes de los costos es el salarial. El cálculo se hizo con un salario básico inicial del Personal de Tráfico de $63.016, más adicionales (Adicional por Boletera $5.613,56 Viáticos $9.779,37 Art. 68/71 $8.890,38).

 

El resto de los insumos son el combustible, lubricantes, mantenimiento y otros ítems de mantenimiento. Las empresas comenzarán a amortizar la inversión en unidades que hicieron para que funcionaran desde 2020 y que quedaron estacionadas. Ese punto es importante porque en base a la inversión se calcula también el margen de ganancia, que es del 10% sobre la inversión

 

El diputado Mario Vadillo, especialista en servicios públicos, asegura que el sistema sigue desequilibrado para garantizar los ingresos de las empresas y con perjuicios para el Estado por el alto costo. "No es real que tenemos el boleto más barato, porque el boleto en realidad cuesta 100 pesos. De esta manera todos pagamos la "fiesta" de los millones de kilómetros en vano que realizan los colectivos, con recorridos fantasmas en zonas donde no son necesarias, pero que siempre faltan en horarios pico", denunció el legislador. 

Excepciones

Mientras tanto, en medio de la crisis volvieron algunas características de otros tiempos. Una de ellas tiene que ver con las excepciones a las normas de control.

El Gobierno, por ejemplo, acaba de autorizar que los permisionarios de transporte usen unidades con mayor antigüedad de lo permitido. Esa cláusula corre para todos, menos para los colectivos urbanos (que tienen una flota nueva). "Autorícese a aquellos permisionarios de los servicios de transporte de pasajeros contemplados en la Ley N° 9086, con excepción de los prestadores del servicio regular urbano y de media y larga distancia mediante ómnibus, cuyos vehículos hayan alcanzado o alcancen la antigüedad máxima permitida durante el año 2020, a mantener dichos vehículos en servicio por el término de 12 meses, a contar desde la fecha en que el vehículo alcanzó el máximo de su antigüedad según el acto administrativo que lo habilitó", dice la norma.

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