Piden el desafuero de Marcelo Romano por "atentado a la autoridad"

Piden el desafuero de Marcelo Romano por "atentado a la autoridad"

El senador Marcelo Romano (Protectora) protagonizó un incidente en el que supuestamente amenazó a policías que habían retenido a su hija por conducir de manera imprudente, motivo por el cual una fiscal pidió su desafuero de la Cámara alta.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

El senador provincial Marcelo Romano, del partido Protectora, está en problemas. Este viernes ingresó a la Legislatura un pedido de la Fiscal Gabriela García Cobos para desaforarlo, ya que está siendo investigado por el delito de "atentado a la autoridad agravado", ya que habría amenazado a policías que retuvieron a su hija por conducir de manera imprudente en el Acceso Sur.

El hecho no es reciente, sucedió el 11 de agosto de 2019, pero el pedido de la magistrada llega luego de haber reunido los elementos de prueba necesarios pero, con la necesidad de poder continuar la investigación y, eventualmente, requerir una audiencia de acusación para realizar la imputación formal al legislador que, además, participó de las últimas elecciones buscando una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Según consta en el pedido de desafuero, el hecho sucedió por la tarde del 11 de agosto, en el Acceso Sur a la altura del barrio ATSA, donde la Policía detuvo a la hija del Legislador luego de que un llamado al 911 alertara sobre la conducción temeraria del vehículo, un Renault Clio.

Según la versión de los policías, el Senador reclamó que dejaron ir a su hija negando el exceso de velocidad y amenazándolos con hacerlos echar de su trabajo.

En su momento, y consultado por MDZ, Romano había dicho que no quería hablar del tema "hasta que mi hija cuente cómo la trataron esos cinco policías hombres y una mujer policía. No tengo problemas de declarar, porque yo no hice nada y tengo testigos".

Luego del altercado, la Fiscalía de Instrucción calificó el hecho como "atentado a la autoridad", delito que está previsto y sancionado por el artículo 238 inciso 3 del Código Penal y establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.

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