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A seis meses de la ley: la Justicia rechazó la mayoría de las acciones legales contra el aborto

El penúltimo día del 2020 Argentina legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde entonces, personas y organizaciones presentaron distintos recursos legales para impedir el acceso al derecho que consagra esta ley para las personas gestantes.

Victoria Chales
Victoria Chales miércoles, 30 de junio de 2021 · 06:56 hs
A seis meses de la ley: la Justicia rechazó la mayoría de las acciones legales contra el aborto

Hace seis meses se reunía, al menos de un lado del Congreso, una "marea verde" que expectante pasó toda la noche en la plaza para constatar por ellas mismas que el aborto sería ley. Aquella madrugada se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de los 1000 días, dos iniciativas que ya convertidas en norma debían garantizar el acceso de las personas gestantes a decidir plenamente sobre su propio cuerpo. Durante este primer medio año, se interpusieron distintos recursos legales para obstaculizar el acceso al aborto. Se contabilizan 31 demandas en contra de la ley 27.610. Hasta el momento la Justicia rechazó la gran mayoría de estas acciones legales.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) está monitoreando la implementación del aborto legal en Argentina sancionada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año. En MDZ Radio hablamos con Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía internacional Argentina.

En principio, vale destacar que Argentina no provenía (antes de la ley) de un sistema de "prohibición absoluta", sino que existían causales por las cuales se debía garantizar la práctica del aborto. En la actualidad que el aborto voluntario es legal, "todavía hay en nuestro país diferencias abrumadoras en el acceso al mismo al interior de cada provincia entre las zonas rurales y las capitales".

A su vez, Paola Rey señala que "existe una embestida antiderecho que busca judicializar y declarar la inconstitucionalidad de la norma".

"Hasta ahora hemos visto una reacción del Poder Judicial positiva básicamente negando la legitimación de estos movimientos para representar a las mujeres y revertir una ley que ha merecido un debate democrático dónde se han expuesto y escuchado todas las voces".

En la búsqueda de obstaculizar el acceso a la IVE consagrado en la ley, se iniciaron al menos 31 demandas en su contra según pudo relevar y documentar Amnistía Internacional. De ese total, 27 buscan que se declare la inconstitucionalidad de la ley con efectos generales, 3 demandan penal y civilmente a los responsables de su aprobación, y al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho. "No sólo se demandó a todos los legisladores, sino también al Ministro de Salud (Ginés González García en ese momento) e incluso al presidente Alberto Fernández" detalló García Rey.

¿A quién se demandó?  Mayormente se demandó al Estado nacional, que registra 17 causas en su contra, frente a las 10 que se iniciaron contra los Estados provinciales. Del total de acciones contra la ley, al menos 15 fueron consideradas inadmisibles, a lo que se suman el rechazo y la suspensión de los efectos de las únicas 2 medidas cautelares dictadas hasta el momento. De esos 15 rechazos, por lo menos 3 ya están firmes y  al menos 3 acciones se encuentran paralizadas hace meses.

Aseguraron desde AI que no están sorprendidos por la proliferación de demandas en contra de la ley del aborto. "Esto no es un fenómeno exclusivo de la Argentina, sino que en casi todos los países de la región dónde se avanzó sobre los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, ha habido una embestida judicial y los distintos poderes judiciales supieron frenarlo". Sobre todo cuando detrás "hay un absurdo como iniciar acciones penales en este sentido".

Aunque algunos elementos se pueden evaluar en la implementación de la Ley 27.610 que legaliza la interrupción del embarazo, el análisis es aún provisorio. Sin embargo, desde Amnistía Internacional ven como algo positivo que "más de la mitad de las acciones legales que se presentaron para impedir el acceso a este derecho hayan sido rechazadas". García Rey se lo atribuye especialmente a "una conquista del movimiento de mujeres y organizaciones de DDHH que también ha permeado en las estructuras institucionales y judiciales.

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