El número mágico de dólares para 2024 que los políticos miran con ansiedad

El número lo manejan pocos especialistas. Sin embargo, parece ya un dato concreto. Sólo con los resultados del proceso de humidificación del suelo, cruzado con la información sobre la evolución de la campaña sojera 2023-2024, el próximo ejercicio del agro argentino tendría un aporte de divisas de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares más que lo que se consiguió este año.

Y, si la evolución es la esperada para el último trimestre del año, se lograría duplicar el número y llegar a un nivel de exportaciones de aproximadamente U$S 20.000 millones. El dato del piso de divisas que produciría el campo se maneja por ahora a nivel privado (entre selectos técnicos y dirigentes del campo) por una cuestión lógica.

Saben los productores privados que el número es mirado con ansiedad por toda la clase política argentina, sabiendo qué gran parte de la suerte del próximo gobierno dependerá del buen resultado que el sector primario y primario con valor agregado (aceites, harinas, pellets) puedan aportar a la economía del país, en un ejercicio donde será, además, el primero de los cuatro de la gestión que suceda a Alberto Fernández.

Perspectivas

Se sabe, además, que 2024 será inevitablemente un año de ajustes cambiarios, financieros y fiscales, donde el único colchón que pueden tener las cuentas públicas son los dólares que pueda conseguir el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las exportaciones de commodities primarias serán los primeros ingresos programados para el primer semestre del año que comenzarán a operar a favor (o en contra) de las cuentas locales, y la única contención genuina que los programas de equilibrios generales macroeconómicos podrían aportar a las arcas públicas.

El resto, financiación del exterior o blanqueos varios, sólo serían segundas o terceras marcas dentro de las estanterías de elección de financiamiento para hacer que los que deben perder por los futuros e inevitables ajustes, tengan algún tipo de reducción de un dolor seguro. 

Por esto, el dato sobre la cantidad de dólares que aporten los productores agropecuarios el próximo año es tan esperado. Y tan resguardado por un sector que sabe que la clase política (incluyendo los libertarios) mira con ansiedad y hasta cierto gesto de gula. No es para menos. De la cantidad de dólares que ingresen a comienzos del 2024 dependerá el grado de profundidad del ajuste inevitable que deberá implementar el próximo presidente. 

Pero al margen de la clase dirigente con capacidad electoral, hay otro actor fundamental para la vida política y económica del país que mira seriamente el número potencial de liquidaciones sojeras, maiceras, trigueras y similares. El Fondo Monetario Internacional (FMI) sabe que del número de dólares que el país consiga durante 2024, dependerán al menos dos de las metas obligatorias e innegociables que el próximo gobierno deberá cumplir para que haya un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas, inevitable capítulo a negociar para cualquiera que gane las elecciones presidenciales.

Tanto el ajuste fiscal para lograr un déficit primario menor al 1% y reservas superiores a los U$S 8.000 millones tienen relación directa con la cantidad de divisas que lleguen el próximo ejercicio.

Negociaciones en puerta

Los hombres de Rodrigo Valdes, el director gerente para el Hemisferio Occidental que espera agazapado al próximo presidente y su ministro de Economía, abrirán inevitablemente complicadas negociaciones por el futuro ajuste general de la economía, que deberá ejecutar el próximo gobierno, si quiere seguir en sintonía con el organismo que maneja Kristalina Georgieva. Algo que, obviamente, todos descartan que sucederá. Y cuya profundidad dependerá, en gran parte, de los ingresos de dólares del 2024. 

El FMI ya fue indulgente este año con la Argentina, y cerró con Sergio Massa un acuerdo débil y temporal (vence el 31 de diciembre, o antes), sobre la base de justificar los incumplimientos por las consecuencias de la sequía en este ejercicio. Y dándole la razón al ministro de Economía-candidato sobre el cálculo de las pérdidas.

Massa y su equipo, siempre consideraron que las pérdidas por el efecto climático en los niveles de dólares en el BCRA y en las pérdidas de la AFIP, serían de no menos de U$S 10.000 millones. La oficina de Rodrigo Valdes tenía otros números, levitando entre los U$S 3.000 y los 5.000 millones. Más cerca de los primeros que de los segundos.

Esta crucial diferencia fue uno de los capítulos más peleados en las largas negociaciones de 22 semanas entre el equipo económico de Sergio Massa y los técnicos de Valdes y el encargado del caso argentino Luis Cubeddu, y sólo pudieron zanjarse con una decisión política de la propia Georgieva en conversación directa con el ministro.

Massa llevó a su reunión con la búlgara los datos finales (ya con el segundo semestre del año cerrado) y terminó convenciendo a la directora gerente de la necesidad de aceptar un número de pérdidas cercano al cálculo argentino, una decisión, por otra parte, imprescindible para que el acuerdo final cierre. Aun con mucho riesgo de no poder ser cumplido.

Antecedentes 

Finalmente, el número que fue tomado como válido fue de unos U$S 8.000 millones en pérdidas, lo que luego derivó en una meta de aumento en las reservas del BCRA de U$S 1.000 millones, una cifra muy lejana de los utópicos U$S 8.000 millones que figuraban como objetivo para 2023, según el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado por Martín Guzmán en marzo del 2022. Y que derivó en una crisis política que sería terminal para la coalición oficialista.

De hecho, según los analistas locales, esta nueva meta de reservas sería quizá la única que podría cumplirse de las tres renegociadas en las interminables sesiones de Zoom entre Buenos Aires y Washington. La meta de déficit fiscal de 1,9% para todo 2023 y de una emisión monetaria de 0,6% para todo el ejercicio estarán hasta fin de año permanentemente en revisión. Sobre todo, la segunda, que ya estaría incumplida.

El FMI estaba obligado a tener en cuenta las consecuencias de la sequía en las cuentas públicas locales. Aquel acuerdo, ya enterrado, de Guzmán del 2022, incluía un artículo según el cual se debían tener en cuenta cualquier contingencia exógena que afecte el cumplimiento de las metas originales, y sobre las que la conducción económica del país no pueda actuar.

Desde el primer momento el FMI reconocía que la sequía ingresaba, sin dudas, técnicas en la categoría de contingencias exógenas. Sólo era una cuestión de ponerse de acuerdo en el impacto concreto. El FMI le dio la razón a Massa. Y en un número (U$S 8.000 millones) muy similar al que se espera que aumenten las liquidaciones sojeras en el 2024 por la mejora en las condiciones climáticas que se observaron hasta fines de septiembre.