Sergio Massa ya lo sabe: el FMI pedirá volver a devaluar en una fecha clave

Sergio Massa ya lo sabe. El Fondo Monetario Internacional (FMI) le pedirá, luego de las elecciones presidenciales del 22 de octubre (o eventualmente el balotaje del 19 de noviembre), una nueva actualización del tipo de cambio fijado en los 350 pesos, desde el lunes posterior a las PASO.

La visión del organismo fue planteada durante las últimas semanas de negociaciones por la renovación del programa de Facilidades Extendidas, en tiempos en los que el organismo que maneja Kristalina Georgieva reclamaba una devaluación aún mayor que el 22% final aplicado el 14 de agosto, post PASO.

En aquellos días de julio, en los que se discutieron los lineamientos para renovar el acuerdo, desde el FMI se puso en claro que la política de crawling peg (deslizamiento gradual y continuo del tipo de cambio) no estaba dando resultados, y que la actualización del tipo de cambio con un mecanismo gradual no cubría las expectativas de ningún analista técnico del FMI. Y tampoco de la conducción política.

En síntesis, había que devaluar sí o sí. Comenzó entonces una discusión tan política como técnica. La primera fue el reclamo del equipo económico de actualizar de manera directa y en una jornada el valor del dólar oficial, luego del proceso electoral, dado que plantearlo antes, con las consecuencias inflacionarias y de imagen política ante un electorado irascible, hubiera sido más que un error de campaña.

Desde el FMI, donde se entiende de política argentina más de lo que se cree en Buenos Aires, se le dio luz verde al reclamo. Finalmente, la devaluación sería el 14 de agosto, y con un valor de la divisa que podría confirmarse hasta después de las generales de octubre.

Depreciación en marcha

La segunda negociación fue el valor de la devaluación. El FMI pidió un 100%, lo que se rechazó de plano. Luego se recalculó en un 60%, lo que tampoco se aceptó desde Buenos Aires. Finalmente, el valor se ubicó en el 22%, un nivel que no era caprichoso. La gente del viceministro Gabriel Rubinstein les mostró a los técnicos del FMI que el precio del dólar agro vigente hasta entonces, con un valor de 340 pesos, estaba siendo aceptado por los exportadores, y aportándole un buen número de divisas al Banco Central.

Así, el equipo de Sergio Massa buscó respetar y unificar para toda la economía un valor de 350 pesos, $10 más que el dólar agro, lo que garantizaría un nivel importante de continuidad en la liquidación de divisas al Banco Central, la entidad que maneja Miguel Pesce. Aceptó el FMI, pero con la condición que ese nivel se readecúe luego de las elecciones generales.

Si bien Massa no dejó en claro el aval al reclamo, se sabe que será un tema a negociar. Se supone que desde el Gobierno nacional se ofrecerá volver al crawling peg, en un proceso que debería finalizar cuando ya haya presidente electo, y los negociadores de Washington puedan sentarse con un político o política con la que se pueda discutir un Facilidades Extendidas a cuatro años, y no, como ahora, uno con plazo fijo de vencimiento el 10 de diciembre.

Chileno a cargo

La decisión sobre el reclamo final del FMI tiene responsable claro y directo. Toda la política cambiaria hasta noviembre será fiscalizada de cerca por el director gerente para el Hemisferio Occidental, Rodrigo Valdés. Este economista chileno fue quien planteó sobre la mesa, de manera irreductible, la obligatoriedad de una devaluación, como condición indispensable para que el acuerdo pueda pasar por el Board.

Ahora volverá a tener la misma responsabilidad de evaluar la política cambiaria del Gobierno, en el plazo que va desde las generales hasta el recambio presidencial de diciembre 2023.

El ministro de Economía también comprende que mientras dure ese período y hasta el próximo encuentro de noviembre con el Staff Técnico del organismo para la negociación del tercer trimestre del año, las cuentas públicas estarán fiscalizadas de cerca (y, se supone, en silencio mediático), por Valdes, quien además debe ejecutar con marca hombre a hombre la ejecución de lo pactado y firmado en esta nueva versión hasta fin de año del acuerdo de Facilidades Extendidas.

Una vez trascurrido el lapso de pax entre las partes, debe considerar si el país está en condiciones de completar el pago pactado para el 2023 desde Washington, y si se recibirán en Buenos Aires en tiempo y forma los aproximadamente 3.500 millones de dólares comprometidos por el FMI para cerrar el año.

Con ese dinero se le debería pagar al organismo la última cuota del 2023, correspondiente al cumplimiento del tercer trimestre del año (período julio- agosto- septiembre), y que determinaría el contacto final entre el organismo que maneja Kristalina Georgieva y el gobierno de Alberto Fernández. Luego se verá con los votos del 22 de octubre (o un eventual balotaje) si Sergio Massa continúa relacionándose con Valdés. 

El director para el Hemisferio Occidental tomó a su cargo la negociación máxima del caso argentino en mayo pasado, cuando asumió en su cargo. Desde ese momento participó durante varias semanas en las discusiones vía teleconferencia a través de las pantallas de las computadoras de Buenos Aires y Washington, pero nunca había tenido contacto directo con los argentinos.  Fue además quien cerró los criterios técnicos del acuerdo aprobado la semana pasada por el Board, y quien tiene el mandato máximo de la entidad para fiscalizar la marcha de lo acordado. 

Se especula en Buenos Aires con que habrá hacia delante un clima de mejor comprensión ante la realidad económica local. Y que si bien no hay que esperar cambios radicales en cuanto a las reglas generales para el caso argentino (siempre polémico y con críticas crónicas dentro del staff del FMI), al menos habrá interlocutores más predispuestos y preparados para entender la realidad criolla. Eso es lo que pareció mostrar Valdes en las últimas jornadas de negociación.

Lo que se percibió hasta ahora es que Valdés tiene buena voluntad, pero quiere seguir de manera directa (persona a persona) la realidad de la economía argentina de semestre julio- diciembre, incluyendo la situación política final del actual proceso electoral. Un aspecto importante que, por ejemplo, no era tenido en cuenta por el antecesor de Valdés, el asentado titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, quien curiosamente se muestra ahora mucho más comprensivo con la realidad argentina desde esa entidad, que cuando manejaba el caso local desde el FMI.