Juicio histórico - Capítulo I

Exclusivo: todos los detalles del fallo en contra de Argentina en el caso YPF

Repasamos en profundidad los entretelones de la sentencia de la jueza Preska. Culpables, inocentes y el curso con constitucionalistas

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño sábado, 1 de abril de 2023 · 12:08 hs
Exclusivo: todos los detalles del fallo en contra de Argentina en el caso YPF
YPF en la Bolsa de Nueva York Foto: Prensa de YPF

El fallo de Loreta Preska es claro. Especialmente al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park para que estos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la bolsa de comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales. Y ninguna legislación particular de cada estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones de Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen a través de Petersen Energía y Petersen Investment. El único responsable fue el Estado Argentino, y en consecuencia será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Preska no determina el monto a pagar, invitando a las partes a un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que obviamente no llegará a buen puerto. Lo que sucederá es que llegado un plazo determinado, la jueza determinará que no hubo acuerdo entre las partes, dejará en firme el fallo contrario al país, probablemente determine un monto a pagar (que no será menor a los U$S 8.000 millones) y, finalmente, Argentina apelará. Se estima que se abrirá luego un proceso de no menos de cuatro años, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Para llegar a estas conclusiones, Preska se tomó su tiempo. Y demostró que no es una improvisada y que se trata de una persona profesional y seria. Concretamente 11 años demandó en sacar sus conclusiones. Pero con una característica que la propia jueza menciona en su fallo: decidió tomar un curso de aproximadamente 1 año para entender la legislación local, consultando con el mayor sigilo del caso a constitucionalistas argentinos y especialistas latinoamericanos en derecho constitucional comparado, para saber la manera en que legalmente se había avanzado en la nacionalización de YPF, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso.

Preska dejó en claro en su fallo que no consideró cuestiones políticas, económicas ni estructurales del país y su gobierno de entonces, ni mucho menos especificaciones ideológicas. Y que sólo se concentró en las normas legales que regulaban la operación.

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park e incluyen una potencial indemnización a los demandantes por entre 7.000 y 19.000 millones de dólares, a partir del reclamo de los fondos Burford y Eton, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba el reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S 6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

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