Mientras el mundo político mira a Tribunales, Massa avanzó sobre el gasto

Mientras el mundo político mira a Tribunales, Massa avanzó sobre el gasto

El Ejecutivo publicó ayer en el Boletín Oficial el instrumento por el cual se ejecutará una fuerte contracción de las erogaciones fiscales. Se busca garantizar el compromiso de 2,5% de déficit pactado con el FMI.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

Un viejo dicho oriental indica que mientras algo aturde la atención, hay que prestar atención a lo que pasa por detrás de ese evento. De manera más criolla, se podría interpretar de la siguiente manera: cuando hay altos ruidos de un lado, se debe mirar detrás que por ahí pasa, también, lo importante.

Así, y mientras la jornada de ayer se concentraba en los hechos judiciales que involucraban a Cristina Fernández de Kirchner en particular y a la gestión kirchnerista en particular; el gobierno de Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa avanzaron en el ajuste de gasto público más importante y fuerte desde, quizá, los últimos tiempos del macrismo en 2019.

Lo hizo a través de la Decisión Administrativa N° 826/2022, fechada el 20 de agosto de 2022 y publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí se dispone la autorización para que los funcionarios del Palacio de Hacienda avancen en la ejecución de medidas concretas para garantizar que el Ejecutivo consiga, o que al menos se acerque lo máximo posible, al déficit pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 2,5% para este año; y también tender a un desequilibrio entre ingresos y gastos de 1,9% en 2023.

Massa está comprometido con el déficit fiscal del 2,5%, acordado con el FMI.

Para esto, Massa y su equipo aplicarán a rajatabla el DNU 331/2022, puesto en vigencia por el Ejecutivo a partir de la iniciativa de la entonces ministra de Economía, Silvina Batakis, en tiempos en los que quería mostrar ante la sociedad que realmente buscaría prudencia fiscal; sin que muchos le creyeran. Especialmente dentro del propio gobierno.

Un recorte a marcha veloz

La nueva gestión de Economía tiene otro plafón político para avanzar en ajustes, y sobre la matriz legal de Batakis, anunció ayer que la reducción del gasto público va en serio. Muy en serio. En total, se espera desde Hacienda, que el ajuste llegue a los 150.000 millones de pesos, sólo este año. 

Los párrafos principales de la medida aplicada desde ayer, y que fue explicada a través de un comunicado interno basado en cómo se manejaron los fondos públicos en julio, son los siguientes:

- En línea con lo establecido por el señor ministro de Economía, en el sentido de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, recientemente modificado por el DNU 331/2022, el mes de julio muestra una serie de correcciones, que permiten retomar un sendero fiscal compatible con un déficit anual del Sector Público Nacional de -2,5% de PIB. 

En efecto, en el mes de julio, el Sector Público Nacional registró un déficit primario de $75.947,3 millones, contemplando el límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI.

Gabriel Rubinstein, cree en la salud de las cuentas públicas y está detrás de los recortes de partidas.

- En los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de -$876.628,7 millones (-1,1% del PIB).  Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario de 2,5% del PIB, el déficit primario para el mes de julio resultó en $1.945,3 millones. Por otra parte, el pago de intereses de la deuda pública, neto de pagos intra-sector público, fue de $129.717,5 millones, resultando en un déficit financiero de $131.662,8 millones.

- De esta manera, el mes de julio, luego de las correcciones aludidas presenta una desaceleración del crecimiento real del gasto primario, en virtud de la política de ordenamiento y consolidación de las cuentas públicas, establecidas por el señor ministro de Economía y previstos en el presupuesto vigente, tal como se señaló más arriba. En línea con el objetivo mencionado y en pos del cumplimiento de los compromisos asumidos, se dictó la Decisión Administrativa 826/2022, de fecha 20 de agosto de 2022, la cual dispone una compensación de créditos presupuestarios, rebajándolos en varias jurisdicciones e incrementándolos en el Tesoro por $210.000 millones.

Sumas y restas en las cuentas públicas

- En el período de referencia, los ingresos totales del SPN ascendieron a $1.384.925,6 millones (+82,8% i.a.). Este resultado se da sobre una elevada base de comparación de julio 2021, período en el que se recaudaron $19.168,8 millones en concepto del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y se percibieron $11.642,9 millones en concepto de Derechos Especiales de Giro (DEG) recibidos del FMI en el marco de la condonación de la deuda de Sudán.

Los ingresos tributarios alcanzaron los $1.214.337 millones (+81,4% i.a.), motorizados principalmente por el Impuesto a las Ganancias (+$81.673,3 millones; +132,6% i.a.), sobre los Bienes Personales (+$9.915,8 millones; +322,8% i.a.), Débitos y Créditos (+$56.167,7 millones; +85,2% i.a.) y los recursos de la Seguridad Social (+$189.353,4 millones; +74,0% i.a.). Las rentas de la propiedad se incrementaron en +$88.843,4 millones, valor que contempla el crecimiento de las relacionadas con emisiones primarias del Tesoro ($74.002 millones).

- Las transferencias corrientes alcanzaron los $425.009,4 millones (+34,5% i.a.). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$83.954,4 millones (+34,2% i.a). Se registró un crecimiento en los pagos correspondientes a las Asignaciones Familiares (+$17.960,5 millones), impulsados por el otorgamiento del complemento mensual dispuesto por el decreto N°719/21, y a la Asignación Universal para Protección Social (+$7.329,4 millones).

El FMI asignó 4500 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG) y contribuyó a evitar una crisis mayor. 

Por su parte, contribuyeron los incrementos de Políticas Alimentarias (+$10.642,2 millones) por el aumento de la prestación Alimentar en un 50% dispuesto en abril, y del programa Potenciar Trabajo +$16.669,0 millones), producto del incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil que alcanza los $45.540 en el mes de julio.

Más transferencias

Al mismo tiempo, se observaron aumentos en las transferencias destinadas a las becas Progresar (+$7.503,5 millones), al programa Acompañar (+$2.737,2 millones), y en concepto de Asistencia a Agentes del Seguro de Salud (+$1.054,0 millones) y Atención Medica a beneficiarios de Pensiones no Contributivas de ANDIS (+$1.086,5 millones).

En materia de subsidios energéticos, se incrementaron principalmente, las transferencias a CAMMESA (+$4.588,0 millones) e IEASA (+$74.588 millones), producto del incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos.

- Las transferencias corrientes al sector público arrojaron una variación de +$26.108,3 millones (+37,7% i.a.), destacándose las transferencias con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el cumplimiento de lo estipulado en la Ley 27.606. Asimismo, se registraron aumentos en las transferencias a Gobiernos Provinciales por parte del Ministerio de Educación en el marco del FONID (+$5.721,3 millones). Además, las transferencias a Universidades se incrementaron en +$56,6% i.a., en virtud de los acuerdos salariales vigentes.

- Finalmente, el gasto de capital registró una suba de +$35.362,7 millones (+68,3% i.a.) respecto al año anterior. Por un lado, se evidenció un incremento de las Transferencias de Capital en +$33.533,6 millones (+192,5% i.a.), destacándose las transferencias a provincias por parte del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (+$25.222,5 millones), las ejecutadas por Secretaria de Energía (+$2.023,1 millones millones) para la formulación y ejecución de políticas de hidrocarburos.

A su vez, la Inversión Real Directa alcanzó los $35.299,6 millones, dentro de los cuales se destacan las erogaciones realizadas por las siguientes empresas públicas: Administración de Infraestructura Ferroviaria, AySA, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y Operadora Ferroviaria.

 

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