Opinión

Ecuador y su déjà vu trágico

A dos semanas del inicio de las protestas en Ecuador, la violencia parece no tener freno. Los reclamos legítimos quedan opacados por los intereses de los infiltrados y el poder del gobierno está cada vez más desdibujado.

José Javier Sáenz Crespo domingo, 26 de junio de 2022 · 13:56 hs
Ecuador y su déjà vu trágico
Foto: Captura de video

Ecuador ha vivido en las últimas semanas un deja-vú trágico. Cómo en 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su presidente, Leonidas Iza, han liderado un levantamiento que ha degenerado en una protesta violenta y delincuencial. Escondidos detrás de la protesta indígena, se han perpetrado ataques a establecimientos productivos y agrícolas, a mercados en ciudades del interior, se ha emboscado y atacado vehículos de transporte de alimentos y de las fuerzas de seguridad, se ha amedrentado a ciudadanos y trabajadores que no adhieren al paro y se ha cercenado el derecho de millones de ecuatorianos a moverse, educarse y trabajar.

Nuevamente, el legítimo reclamo y derecho a la protesta del movimiento indígena ha sido infiltrado por delincuentes comunes, organizaciones narco criminales transnacionales y lanza piedras a sueldo financiados por los laderos del expresidente socialista y prófugo de la justicia Rafael Correa Delgado. Es llamativa la correlación entre los avances de las penurias judiciales del expresidente y la parálisis política y la agudización del conflicto que ya ha excedido a la Asamblea Nacional y hoy se ha trasladado a la calle.

Nuevamente, hay un poder ejecutivo sin la suficiente habilidad ni la astucia política necesaria para encapsular la crisis, discernir entre los reclamos legítimos y los chantajes oportunistas. Limitado por su falta de capital político, el conflicto se le ha ido de las manos y ha quedado debilitado en su capacidad de negociar.

Nuevamente, la mayoría silenciosa de ecuatorianos trabajadores han quedado rehenes del conflicto, encerrados, sin poder trabajar ni producir, lidiando con el desabastecimiento y el alza de precios.

Cómo la mayoría de los países Latinoamericanos, Ecuador sigue sufriendo las consecuencias económicas y políticas del debilitamiento institucional en el que dejó a la región la década dominada por el Socialismo del Siglo XXI. El irrespeto a la división de poderes y el envilecimiento del sistema judicial, la dispersión política que genera el actual diseño del sistema electoral y la corrupción en los organismos del estado y las fuerzas de seguridad, son sólo algunas de las consecuencias más evidentes de la profundidad de la crisis ecuatoriana

A un año del cambio de gobierno, ocurrido en mayo de 2021, y con la pandemia como telón de fondo, la economía ecuatoriana arrastra años de estancamiento por la falta de crecimiento y generación de trabajo genuino, pese a los intentos de reforma impulsados por el gobierno. Mientras que en las zonas urbanas la pobreza en 2021 alcanzó 20.8%, la pobreza en zonas rurales, donde mayoritariamente habitan las comunidades indígenas, alcanzaba al 42% de la población.

Los pueblos indígenas de Ecuador están representados en 14 nacionalidades diferentes, y constituyen alrededor del 6% de la población. La deuda del país con sus primeros habitantes sigue siendo enorme y la disfuncionalidad del sistema político atenta contra cualquier intento de estabilización.

En ese mismo periodo, la Asamblea Nacional ha estado sumida en la parálisis, los escándalos de corrupción y las disputas internas, sin dar respuestas a las necesidades urgentes que tiene el país ni atender los requerimientos del ejecutivo. Llama la atención que los agitadores de la protesta social además tengan mayorías en el legislativo. UNES, la fuerza del expresidente y prófugo Correa, es la principal fuerza política, seguida de Pachakutik, brazo político de la CONAIE.

Es hora de que el gobierno, democráticamente electo, fije las condiciones del diálogo y no descanse hasta encontrar una solución al conflicto.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso debe mejorar su capacidad política para dar una respuesta concreta a las demandas del movimiento indígena y los movimientos sociales en general, y evitar la escalada del conflicto. Su gobierno debe hacer valer su legitimidad y asumir con carácter un nuevo rumbo y fijar límites a la oposición irrestricta a sus políticas, dedicando más energía en construir su propio capital político para llevar adelante su agenda.

La política en su fase arquitectónica está llamada a construir un orden y mediar entre los intereses de las distintas facciones y grupos de presión en una sociedad. Es hora de que el gobierno, democráticamente electo, fije las condiciones del diálogo y no descanse hasta encontrar una solución al conflicto. Debe actuar rápido, restablecer la ley y el orden y recuperar la iniciativa política, en el marco de la ley y el orden democrático. El señor Iza debe ser juzgado por su complicidad y anuencia con los delincuentes. No se puede volver a pasar por alto, cómo en el 2019, su complicidad con las bandas financiadas por el correísmo para desestabilizar al país. La ciudadanía debe pedir cuentas a la Asamblea Nacional, y a la clase política en general, de su incapacidad para atender los reclamos de la sociedad y ofrecer un proyecto de país que garantice oportunidades de desarrollo a todos los ecuatorianos.

* José Javier Sáenz Crespo es politólogo y master en Administración Pública. 

 

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