Economía popular, planes sociales y la cuenta que no cierra

Economía popular, planes sociales y la cuenta que no cierra

Es más negocio tener un plan que tener un trabajo, se dice. ¿Qué rol juegan los planes sociales, becas, bonos e impuestos -en definitiva, el Estado- en la creación de trabajo genuino?

Agustín Jaureguiberry

La situación socioeconómica de la Argentina junto a la profundización del modelo distribucionista como concepto para solucionar los problemas del país ha consolidado nuevas tipificaciones y abordajes a la cuestión de cómo reducir la pobreza. No es para menos, en tanto se ha confirmado que tras la recuperación económica de 2021, son ahora 7 millones de personas las que trabajan en condiciones de informalidad. Esto es, un millón más que a inicios del año 2020 y superando el nivel del empleo formal asalariado de 6 millones.

De más está decir que en este escenario de inflación al alza en forma continua, los ingresos de aquellos que se desempeñan en la informalidad han visto disminuido su poder adquisitivo mucho más. Ello a pesar de una maquinaria estatal de planes, subsidios y bonos que han llevado el gasto en asistencia social al doble que en 2019 y a sus beneficiarios a ser un 657% más que hace veinte años. 

El deterioro y estancamiento en la creación de empleo privado durante los últimos diez años ha venido de la mano de un incremento persistente en los beneficiarios y modalidades de asistencia social. Tenemos la AUH, el Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar y Plan Acompañar, como los más destacados. 

En esta realidad, la caída en los salarios reales promedio ha llevado a plantear que el nivel de ingreso garantizado por los planes opera como una gran barrera para aceptar un empleo registrado, al perderse las prestaciones. Es más negocio tener un plan que tener un trabajo, se dice.

Pero veamos bien los números. Una familia tipo que recibe el Potenciar Trabajo (son 1.2 millones de beneficiarios cobrando 50% del salario mínimo) percibirá durante mayo lo siguiente: $19.470 por el plan, más dos AUH por $12.700, más $13.500 de Tarjeta Alimentar. En total son $45.670 sin bonos extra. 

Según el INDEC, la línea de indigencia medida por la Canasta Básica Alimentaria se encuentra para el mes de abril en $ 42.754. Es decir que sumando estas tres prestaciones -que eran dos a finales de 2019- se llega a cubrir justo la línea de indigencia dentro de un sube y baja estadístico que varía según cada mes. 

Esta cuenta es aún más dramática para quienes están desocupados totalmente o tienen un ingreso informal pero no son parte del Potenciar Trabajo. La prestación se reduce a $26.000 mensuales para una familia tipo, obligando a cubrir una brecha aun mayor. 

Sabiendo ya además que la línea de pobreza para esos cuatro miembros se ubica en lejanos $95.000, podemos concluir lo siguiente: cualquiera de estas cuentas no puede “cerrar” conceptualmente bajo ningún aspecto. Es inaceptable. Por tanto, no es válida la elección en tanto proceso decisorio racional de análisis que se plantea.  Porque estar dentro de esa franja de la población en comparación con la posibilidad de tener un empleo formal, aún con salario bajo, es un falso dilema que contribuye al círculo vicioso en el cual estamos metidos hace años. 

Propuestas que hacen más profundo el pozo

Frente a esta situación han surgido iniciativas para abordar la situación de la creciente informalidad laboral y el desempleo de larga duración. Las de mayor difusión se relacionan a plantear una suerte de esquema promovido por el Estado con el término “economía popular”. Uno de sus promotores es el diputado nacional Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social. 

Su postura se basa en promover unidades económicas de baja escala en actividades como agricultura familiar, pequeños oficios y emprendimientos que incluso tengan acceso a ser proveedores del Estado. Asimismo, propone un sistema de crédito alternativo y especial para el sector.

Aquí se englobarían muchas personas que, por no poder acceder directamente a un empleo asalariado formal, se integrarían en un nuevo tipo de trabajo que les daría un ingreso mínimo garantizado ejerciendo a su vez su fuerza productiva. Un ejemplo de ello lo vemos en ciertas cooperativas de cartoneros, recolectores urbanos, recicladores, entre otros. Otras ideas son el denominado salario social básico

Asimismo, en la última semana se conoció un proyecto del Ministerio de Economía que obligaría a los Bancos a prestar un 1,5% de sus depósitos a Unidades económicas no registradas que pasarían a tener un régimen especial en temas no solo impositivos sino con preferencias para compras del Estado y no siendo aplicable la ley de contrato de trabajo.

Este tipo de visión que, en términos de análisis en realidad crea un tercer sector de empleabilidad (formal registrado, informal, y ahora economía popular) no tiene como propósito solucionar el tema de la pobreza. Porque su postura es que una franja importante de la población solo tendría la posibilidad de tener este tipo de actividades y no un trabajo registrado mejor pago.

Con los niveles actuales de ingresos se ubicarían por encima de la línea de indigencia, pero no podrían nunca alcanzar el umbral de ingresos para superar la Canasta Básica Total. Es un maquillaje estadístico que blanquearía situaciones de facto. Por ejemplo, con un 20% de personas en estas actividades, el trabajo asalariado registrado tradicional se mantendría en un 50%, el no registrado “bajaría” al 33% y la economía popular sería el restante 17%.

La cuenta que sí cierra

En esta realidad descrita, la solución entonces debe ser generar las condiciones para crear los puestos de trabajo necesarios en esta economía golpeada pero llena de oportunidades. El país no tiene un problema de recursos que no pueden ser utilizados por ajustes de suma cero.

Esto es así en tanto la demanda de empleo se encuentra al alza. Recientes opiniones de tanto la Unión Industrial Argentina, la Federación de Gastronómicos y Turismo o testimonios de empresarios del sector agropecuario concluyen que el problema se encuentra en la falta de formación. 

Los salarios iniciales en actividades textiles e industriales se encuentran en los $70.000 promedio, que con asignaciones familiares podían ser a valores actuales de familia tipo $20.000 adicionales sin contar lo que la otra cabeza del hogar pueda tener con empleo parcial.  No es el ideal y ubica hoy por debajo de la línea de pobreza, pero supera por mucho la cuenta de plan vs. trabajo

Por supuesto, hablamos de empleos que necesitan una mínima capacitación y formación. Como bien lo describe una empresaria del rubro maquinaria agrícola: “Es realmente frustrante tener la imperiosa necesidad de contratar personal y no conseguirlo, y no hablo de puestos jerárquicos o profesiones escasas, u oficios difíciles; hablo desde cubrir puestos simples” … “Nos chocamos con una realidad increíble o impensada: tenemos las máquinas, los galpones, la tecnología y otra vez nos falta la gente. En un país donde casi la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza, en decenas de ciudades en el interior del país las empresas tenemos limitado el crecimiento por falta de personal”.

Esto confirma que en realidad el problema esta en la oferta laboral y que, de ser necesario, el propio empresario podría remunerar aun mas el puesto de trabajo que demanda si el perfil que busca esta mas formado, capacitado y tiene cierta experiencia. Pero, además, este tema contribuye mucho en lo cualitativo.

Porque quien obtiene un empleo o vuelve a ser contratado tras largo tiempo, entra a relacionarse con un ambiente en donde la propia organización del trabajo, distribución de tareas, y vínculos dentro del ámbito productivo le dan chance de mejorar a futuro. La situación lo ayuda en sus procesos de relacionamiento laboral y social.

El problema de buscar la alternativa de la “economía popular” es que reduce estas chances porque inserta a la persona en un circulo chico y de pocas oportunidades. Le cubre el corto plazo, pero lo aleja del mundo donde podría eventualmente crecer con mayores perspectivas. Peor aún, da a entender que tiene pocas posibilidades de conocer lo otro.

El foco entonces debería estar puesto en cómo articular y coordinar mejor la relación entre los demandantes de empleo y quienes pueden trabajar sobre cómo mejorar la oferta laboral. Recursos, incentivos y eventuales cambios en la legislación que no solo fomenten el empleo per se, sino que ayuden en el proceso de la necesaria formación, capacitación y educación previa para recuperar en serio a quienes hoy dependen de planes de asistencia, contribuyendo a la generación genuina de empleo y riqueza para todos.

 

Agustín Jaureguiberry es politólogo, magister en Estudios Internacionales y máster en Políticas Públicas.

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