Mendoza va a la Corte Suprema de Justicia para anular la cesión de tierras del sur a mapuches

El Gobierno de Mendoza presentó una demanda ante al Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las resoluciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a través de las cuales se cedieron 24 mil hectáreas del sur provincial a presuntas comunidades mapuches.

“Ante la falta de respuesta del INAI a recursos presentados, con plazos legales vencidos para resolver, se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia, un pedido de nulidad e inconstitucionalidad de las ilegítimas Resoluciones vinculadas con pretendidas comunidades mapuches”, manifestó este jueves por la mañana el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Víctor Ibáñez.

El conflicto con el INAI se remonta a comienzos de año, cuando el organismo nacional dictó la Resolución Nº 47/2023 en la que reconocía "la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Limay Kurref, perteneciente al Pueblo Mapuche", en miles de hectáreas de los departamentos de Malargüe y San Rafael.

Esta determinación encontró una fuerte resistencia de distintos sectores políticos y de la sociedad civil de la provincia, e incluso hubo una movilización hacia el sur provincial de la que participaro dirigentes empresarios y políticos.

En su momento, la Provincia reclamó formalmente ante el organismo y el Gobierno nacional para que se revisen las resoluciones. Sin embargo, ante la falta de respuesta, este jueves el gobernador Rodolfo Suarez tomó la determinación de avanzar en una presentación ante la Corte Suprema.

El ministro Ibáñez explicó que originalmente el Estado provincial había presentado ante el INAI tres recursos administrativos, que fueron suscriptos por el gobernador de la provincia, el fiscal de Estado y el asesor de gobierno. Estos recursos administrativos tenían un plazo de resolución y no tuvieron respuesta, ante lo cual se interpuso un pronto despacho, que establece un plazo más para que la administración, en este caso el Estado Nacional, y el INAI se pronuncien, pero tampoco lo hizo.

“Ese silencio por parte del Estado Nacional a través del INAI implica el rechazo al pedido que ha hecho la provincia de Mendoza, que fundamentalmente se vincula a tres resoluciones del INAI, que hacen una asignación de aproximadamente 24.000 hectáreas a unas comunidades que se pretenden como mapuches, luego de un procedimiento fundado en una ley nacional de emergencia prorrogada por un DNU del presidente Fernández que es manifestamente inconstitucional, que habilita al INAI a hacer lo que se llaman relevamientos”, expresó el funcionario.

Indicó que esos relevamientos, en el caso de que las ley y el decreto hubiesen sido constitucionales, se deberían haber realizado con la participación efectiva de la provincia, cosa que no sucedió en ninguno de los casos. Este es el principal argumento de la provincia para oponerse a las resoluciones, conjuntamente con un análisis histórico que señala que nunca existieron mapuches en el sur de Mendoza.

“En el día de hoy se ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, pidiendo la inconstitucionalidad y la nulidad de estas resoluciones, con los mismos argumentos vertidos en los recursos administrativos. Y que tienen que ver fundamentalmente con la no participación de la provincia de Mendoza en el proceso, como establece una ley que consideramos inconstitucional, insisto, una violación a facultades concurrentes de Nación a la provincia y por ende también una violación a los derechos de los particulares que se asientan en gran parte de estas tierras que han sido asignadas por el gobierno federal”, concluyó Ibáñez.