Gobierno sin rumbo

Mendoza y los mapuches: otra prueba del extravío presidencial

El presidente actuó solo de la mano del INAI a la hora de decidir la entrega de tierras en Mendoza a comunidades que reivindican su condición de originarios de la zona. El peligro de complicar aun más la seguridad jurídica del país. Ni las petroleras, ni lo propios dirigentes del PJ sabían del tema.

Rubén Rabanal
Rubén Rabanal domingo, 5 de febrero de 2023 · 12:04 hs
Mendoza y los mapuches: otra prueba del extravío presidencial
Foto: Telam

Alberto Fernández tomó en soledad la decisión de entregar 26.000 hectáreas de Mendoza a comunidades que declaran pertenencia mapuche. El presidente avaló, sin comunicarle previamente a ningún interesado sobre la decisión que le llegó desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, una cesión de tierras que hoy revoluciona a la provincia. Y esto incluye no haber notificado previamente a la petrolera YPF, ni a ningún otro productor de hidrocarburos en Mendoza y ni siquiera a los dirigentes del peronismo local.

Sobran razones que justifican un tanteo previo de la situación de la zona antes de proceder a semejante entrega de tierras, más allá de la discusión sobre si los mapuches son originarios de la zona o simplemente se trata de un pueblo tan invasor de esas tierras como lo fueron los españoles en América.

Las tierras que el INAI decidió entregar se dividen en dos áreas: una de 21.000 hectáreas y otras 4.477 hectáreas que le fueron cedidas a la comunidad mapuche Lof Limay Kuref. Dentro de esos terrenos hay pozos de crudo no convencional que forman parte de la punta norte del yacimiento de Vaca Muerta en el sur de Malargüe. De hecho allí comenzó la exploración petrolífera sobre la potencialidad de ese yacimiento en Mendoza.

No es menor, aunque finalmente será un tema que deberá enfrentar el gobierno de Mendoza, habida cuenta que la reforma constitucional de 1994 en el artículo 124 terminó de consagrar para las provincias “dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Está claro que le corresponde a la provincia vigilar lo que suceda con su petróleo o gas, pero en este caso la decisión no la tomó Mendoza sino la Casa Rosada y por razones políticas que, en algunos puntos, aún se mantiene demasiado opaca.

El problema es que más allá de la pelea mapuches, pehuenches o puelches, la decisión del Gobierno de Alberto Fernández vuelve a poner en la mira la seguridad jurídica y la estabilidad de los contratos en este país, sobre todo de las empresas que operan en la zona, tengan o no pozos en las miles de hectáreas que se intentan ceder a los mapuches.

YPF es una empresa pública, es decir, cotiza en bolsa aquí y en Wall Street. Por lo tanto y más allá que la tenencia mayoritaria esté en poder del Estado, debe someterse a las regulaciones y controles del mercado. De la CNV y de la SEC, para ser más claros.

Los directivos de la empresa saben de política, pero también saben que deben rendir cuentas diariamente a los accionistas que los miran desde Nueva York. Alberto Fernández pareció no darse cuenta de esto. Tampoco el gobierno nacional tomó nota que la petrolera tiene refinerías en Mendoza y el control de amplias zonas de Vaca Muerta. No es el único caso: en la provincia, una de las de mayor incidencia en el negocio de hidrocarburos, operan desde petroleras francesas a estadounidenses y argentinas. A ninguna se le habló de la cesión de tierras.

Esta controversia es el ejemplo más claro del divorcio absoluto de la Casa Rosada con la realidad. El presidente avala los papeles que le llevan a su oficina. En este caso fueron dos, cada uno con una resolución del INAI entregando en total 26.000 hectáreas a comunidades que, en un caso, aún está en duda si realmente corresponden a esa etnia. De ahí se entiende que los mendocinos escucharan impávidos como Alberto Fernández proclamaba esta semana que la única protesta que escuchaba era de quienes hacían cola en los restaurantes para entrar a comer. Una provocación innecesaria para todos los argentinos.

El debate que se generó entre quienes le asignan algún derecho a los mapuches en la zona y quienes sostienen que estos no son más que victimarios de los puelches y pehuenches como verdaderos originarios del sur mendocino, es de tal riqueza que resulta casi delictual que el gobierno haya definido la entrega de tierra con dos resoluciones inconsultas con quienes verdaderamente estudiaron la historia de la zona y de las relaciones en el virreinato previas a la independencia. Mucho más si lo hizo sin comunicaciones previas a quienes explotan recursos en la zona, al gobierno de Mendoza e inclusive a los propios dirigentes del peronismo local que también se enteraron por los medios.

No parece que tuviera lugar, tampoco, el alegato de defensa de una supuesta ocupación romántica de las tierras por parte de quienes se declaran originarios. Casos similares prueban que detrás de estos reconocimientos siempre aparece algún negocio puntual. Estados Unidos dio un ejemplo de eso. El gobierno federal le reconoció a la tribu Hualapai, con justo derecho, la posesión de tierras ancestrales que llegan hasta el cañón del Colorado en Arizona. La tribu decidió asociarse con el empresario chino-estadounidense David Jin para construir una plataforma de observación del cañón que pesa 500 toneladas de acero y cristales de pared y suelo de más de 10 cm de grosor que le permiten a los turistas tener la sensación de caminar en el aire sobre una de las maravillas de los Estados Unidos como es el Cañón del Colorado.

El Grand Canyon Skywalk se transformó en una fabulosa fuente de ingresos para los Hualapai que comenzó a sumar otros negocios conexos, como el centro de atención a turistas que montaron y la oferta de vuelos en helicóptero sobre el cañón, un clásico del turismo mundial. En síntesis, un negocio estupendo al que nada se le puede achacar, pero que no reviste la característica de un episodio de romántica reivindicación.

Quizás haya que buscar en la política chica del oficialismo la explicación a esta y otras decisiones de Alberto Fernández. La noticia de la semana fue que el presidente volvió a dirigirse la palabra con la vicepresidenta. Está claro que la necesidad de arreglar a cualquier costo la crisis del Frente de Todos superó las peleas existentes. El kirchnerismo de todas formas hace silencio, también en el caso de la cesión de tierras, con una estrategia: espera que el presidente se baje de su intención de pelear la reelección. Las otras opciones para batallar este año son un ministro de Economía que no tiene decidido aún ponerse la candidatura al hombro y Cristina que por ahora tiene renunciamiento público a presentarse.

Alberto se cuela en esa realidad y sigue creyendo que puede simpatizar con la base de Cristina Fernández de Kirchner. Una prueba de eso es la intención de voltear toda la Corte Suprema llevándola a un imposible juicio político, algo que con la estrategia actual no convence ni al kirchnerista más duro. La decisión de entregar tierras a los mapuches mendocinos se inscribiría en la misma estrategia: mientras militantes K van a Lago Escondido a molestar a Joe Lewis con acampes que los vaqueanos repelen a rebencazos, el presidente cree que puede sumarse a la misma epopeya regalando tierras estratégicas en Mendoza. Para la visión K más pura una cosa es un lago, otra Vaca Muerta; una realidad es Neuquén y otra Mendoza. Demasiado sofisticado para que la Casa Rosada lo entienda.

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