Obra pública: en la sexta jornada de alegatos de la fiscalía se espera una respuesta a la recusación

Obra pública: en la sexta jornada de alegatos de la fiscalía se espera una respuesta a la recusación

Diego Luciani solicitó responder de forma oral a los planteos de recusación en su contra. A él se sumó Sergio Mola, que fue recusado por De Vido. Se espera que puedan hacerlo previo a continuar con su alegato desde las 8:30 horas.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

Ante el Tribunal Oral en lo Federal N°2 -integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso-, en el marco del juicio oral de lo que se conoce como obra pública por el presunto direccionamiento de licitaciones al empresario santacruceño Lázaro Báez entre 2003 y 2015, continuará la sexta jornada de alegatos de la fiscalía, aunque hay expectativas sobre la respuesta que dará Diego Luciani a los distintos planteos de recusación en su contra luego de que apareciera una foto suya en una nota publicada por Página/12, jugando al fútbol en la quinta Los Abrojos.

El representante del Ministerio Público pidió responderlos, en la audiencia, de manera oral “para darle máxima transparencia al trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y al juicio oral”.

El pasado lunes, Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, planteó la recusación del fiscal Luciani por falta de objetividad y pidió la nulidad de lo actuado y también del presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu por pérdida de imparcialidad, a la que adhirieron los abogados defensores de Nelson Periotti, Lázaro Báez, José López y Julio De Vido, Federico Paruolo, Juan Martín Villanueva, Nicolás Guzmán y Maximiliano Rusconi, quien también pidió el apartamiento del fiscal Mola. Los jueces Jorge Gorini y Andrés Basso resolvieron dar trámite a los planteos.

Tras los descargos de los fiscales y el presidente del Tribunal, los magistrados resolverán si hacen lugar o lo rechazan. En caso que esto último ocurra las partes podrán apelar ante la Cámara Federal de Casación.

Durante la quinta audiencia de alegatos a cargo de la fiscalía, Sergio Mola volvió a referirse con las modificaciones de obras aplicadas a 39 contratos que recibió Lázaro Báez.

“Las modificaciones de obras fueron un modus operandi para prolongar en el tiempo obras y migrar fondos millonarios a Báez”, había leído el fiscal Diego Luciani durante la audiencia del lunes. Bajo ese mismo concepto Mola continuó analizando un conjunto de licitaciones y señaló que "Todo esto convergió hacia un mismo fin, postergar sistemáticamente la fecha de entrega de los trabajos, utilizar las modificaciones para encubrir la incapacidad de la empresa para hacer frente a la avalancha de obras que de manera ilegal e irregular le daban al grupo y, sobre todo, para hacerse de fondos de forma constante".

Manifestó el fiscal que una de las obras adjudicadas Báez solicitó la inclusión de materiales asfálticos novedosos, aunque los mismos se comercializaban en el país desde 1995. Destacó asimismo que la empresa que proveería el asfalto era la firma “M&P”, que era propiedad de Martín y Luciana Báez, hijos del empresario. Para el representante del MPF, la modificación de obras fue otro “ardid para ocultar, disimular la falta de capacidad de construcción que tenía el grupo”.

Ampliación de plazos 

En otro tramo de su alegato, Mola se refirió a los reiterados pedidos para ampliar los plazos de trabajo, los cuales consideró injustificados. “Del análisis que fuimos viendo ni a la contratista ni a Vialidad provincial les importó el cumplimiento del plazo”, dijo, y agregó que las razones alegadas para pedir la ampliación fueron “infundadas, extemporáneas y sin control”.

Al continuar en su exposición el fiscal Diego Luciani señaló que las empresas del Grupo Báez presentaban las mismas planillas de equipos para obras de diversa complejidad y distantes entre sí; declaraban maquinaria para una obra que ya estaba asignada a otras; confundían el equipamiento de una empresa con las de otras firmas del grupo; e incluso presentaban las planillas en blanco, para ser completadas por el ente licitante. Sostuvo que este plan no se habría ejecutado “sin la complicidad de los funcionarios que omitieron estas groseras anomalías durante doce años” y que “una sana Administración hubiese impedido la colosal defraudación al Estado”.

Los sobreprecios 

Luciani analizó los sobreprecios que surgieron del peritaje ordenado por el TOF respecto a 5 de las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez. El fiscal recordó que el ingeniero civil Eloy Bona -por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- detectó una diferencia de sobreprecios que ascendió a US$198.168.776; el ingeniero Roberto Panizza -perito de parte por el MPFN- señaló sobreprecios por US$202.140.616, mientras que la ingeniera Adriana Alperovich -propuesta por Cristina Fernández de Kirchner- concluyó que las obras adjudicadas no fueron sobrevaluadas, sino que estuvieron US$71.471.606 por debajo del precio de plaza. 

El representante del MPF se refirió a las falencias en la labor de la perito de la defensa y las incongruencias volcadas en su presentación, que incluyeron errores de cálculo y la consulta -como bibliografía- de trabajos elaborados por estudiantes de universidades de Perú, Colombia y Guatemala, de “dudosa rigurosidad académica”.

En este debate están sentados en el banquillo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el empresario santacruceño, Lázaro Báez; el exministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; el ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Kirchner; el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Daruich y Mauricio Collareda; y los ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez.

En 2017 los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques al requerir la elevación a juicio entendieron que  “entre 2003 y 2015 por parte de una asociación ilícita, que tuvo por finalidad sustraer y apoderarse de fondos públicos a través de un plan criminal que derivó en una defraudación al Estado Nacional a través de la obra pública vial adjudicada a la provincia de Santa Cruz y distintas maniobras de lavado de dinero con el objeto de enriquecer a la familia Kirchner”.

En tanto dieron por probada también la intervención de los distintos imputados que permitieron lograr con éxito tal finalidad delictiva, partiendo de “quien la dirigió y sostuvo en el tiempo Cristina Fernández de Kirchner pasando por quienes tenían a su cargo la administración de los fondos estatales destinados a la obra pública vial y los direccionaron hacia Lázaro Báez, tanto desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios —Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros) para culminar en el individuo que fue escogido como destinatario del enriquecimiento, el amigo personal y socio comercial de Néstor y Cristina Kirchner, Lázaro Antonio Báez”.

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