Impuestazo inmobiliario: los problemas de Guzmán para cumplir con el FMI

Impuestazo inmobiliario: los problemas de Guzmán para cumplir con el FMI

Argentina se comprometió ante el Fondo a aplicar un incremento en la base tributaria de la valuación inmobiliaria este año. Requiere la colaboración de los gobernadores e intendentes. Sin embargo ninguna provincia avanzó en el tema.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

La batalla política, impositiva (y quizá legal legal) entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires por el alza del impuesto a los Bienes Personales, podría replicarse en varias provincias del país. Sería en aquellas que no apliquen de manera voluntaria y autónoma el comprometido pacto fiscal cerrado a fines del año pasado con todos los gobernadores del país (salvo la Capital Federal), por el cual las autoridades provinciales se comprometieron por escrito ante la Nación a incrementar la valuación de los inmuebles de todas las ciudades argentinas; y a cambio el Ejecutivo habilitó la suba del impuesto a los Ingresos Brutos. 

Esto se dio en el marco del Consenso Fiscal firmado en diciembre 2021, donde 23 provincias cerraron el acuerdo, y sólo Horacio Rodríguez Larreta decidió negarse a la rúbrica; adelantando que lo que la Nación buscaba en realidad es mayor presión impositiva a través de los revalúo. Este Consenso luego se replicó en el texto final del acuerdo de Facilidades Extendidas cerrado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado el 25 de marzo pasado, donde el ministerio de Economía se comprometió a incrementar este año los ingresos fiscales por un 0,1% y llevarlo al 0,3% del PBI en el 2023; a través de una suba de la base imponible de Bienes Personales.

Algo que sólo puede lograrse luego del incremento del cálculo del tributo inmobiliario en las provincias y los municipios, tema que debe ser encarado por los gobernadores e intendentes; lo que hasta ahora no se dio. Pero que antes de fin de año debería concretarse de manera efectiva, según lo que firmó Argentina ante el FMI, y que se ratificó en las últimas horas dentro de las misiones virtuales que los funcionarios del organismo vienen sosteniendo con sus pares locales. En estos encuentros vía pantallas cruzadas entre Buenos Aires y Washington, se ratificó en las últimas horas que el país aplicará esta suba en la base imponible de los tributos inmobiliarios de todo el país, incluyendo CABA, algo que necesita la colaboración directa de las conducciones regionales, lo que no se estaría dando. Ni garantizando hacia el futuro.

Así el revalúo inmobiliario pactado con el FMI podría no cumplirse, lo que obligaría a Martín Guzmán a renegociarlo antes que termine este ejercicio. Varios gobernadores podrían aceptar el cambio del revalúo aumentando la masa imponible, pero no aplicarlos este ejercicio sino el próximo año. En general, incluso los opositores responsables de administraciones provinciales, avalarían la acción de incrementar la recaudación vía suba de los valores de las viviendas sobras las que se aplican las alícuotas; pero no este año, donde, para muchos, ya estaría cerrado el año fiscal. Especialmente en lo que respecta a aumentar la presión sobre los contribuyentes.

El acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI no tiene grises. En el primer anexo del fallido proyecto de ley, derivado del artículo 2, que finalmente fue quitado del tratamiento en el Congreso, pero que luego fue aprobado por decreto, se menciona lo siguiente: "A tales efectos, en estrecha coordinación con los Gobiernos provinciales, concluiremos el proceso de actualización de los valores de las propiedades a nivel federal a más tardar a finales de septiembre (parámetro de referencia estructural), de forma que puedan empezar a entrar en vigor para el ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PIB en el ejercicio fiscal 2022 y a un 0,2% del PIB adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400,000 contribuyentes, o cerca de 597,000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales".

El texto habla de dos conceptos tributarios claros. Menciona que el Gobierno se comprometió ante el Fondo a avanzar ya este año, antes de septiembre, en la aplicación de la actualización (obviamente a la suba) de los valores de las viviendas de todo el país (desapareció la limitación de 9 regiones); según lo pactado en diciembre del año pasado con la mayoría de los gobernadores. Sólo la Capital Federal afirmó públicamente que no aplicaría el revalúo y que no firmaría el acuerdo, lo que hasta hoy cumplió Horacio Rodríguez Larreta. El segundo concepto claro que se desprende del texto firmado con el FMI, es que parte del cumplimiento de las metas de este año, dependen de ejecutar la promesa de aplicar el incremento en los pagos de la valuación de las viviendas, a partir de un incremento en la recaudación en Bienes Personales.

Puntualmente habla el acuerdo de unos 400.000 contribuyentes más que pagarían un incremento en la presión del tributo. Lo planificado por el Gobierno implicaría una suba en la recaudación del 0,1%, que treparía a los $65.000 millones, fruto de la aplicación desde este año del revalúo inmobiliario en todo el país. Para el 2023 el incremento en los ingresos se duplicaría y alcanzaría los $130.000 millones. En ambos casos fruto de los efectos que la medida tendría en el impuesto a los Bienes Personales y el incremento que impactaría en el mínimo no imponible del tributo y el alza de los activos sobre los que cae en tributo. Pero, además, el alza en el impuesto que se paga en las provincias y municipios también debería aportar un porcentaje de los ingresos, de manera directa o indirecta a través de la firma de un pacto fiscal.

 

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