Una sentencia que abre la puerta al siglo XXI

Una sentencia que abre la puerta al siglo XXI

Se están escribiendo ríos de tinta sobre la sentencia del 6 de diciembre que condena a Cristina Kirchner a 6 años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua, por corrupción o si se prefiere el lenguaje penal, por “administración fraudulenta” del dinero de todos, en beneficio suyo y de su grupo.

Alejandro Fargosi

CFK es la personalidad política más poderosa del país, en pleno uso y abuso del poder desde hace 20 años. Lamentablemente no prosperó la acusación de “asociación ilícita”, pero los fiscales Luciani y Mola apelarán y quizás la Cámara de Casación acepte ese delito. Ojalá, porque si no hay asociación ilícita en dos presidentes sucesivos, cónyuges, que nombran y mantienen a funcionarios que diseñan, ejecutan y pagan anticipada e injustificadamente obras públicas que no fiscalizan, adjudicadas a un ex cajero de banco amigo de los presidentes, súbitamente convertido en contratista predominante... es que las asociaciones ilícitas no existen.

Es muy importante que de una buena vez nuestra justicia acepte que existen asociaciones ilícitas en la política cuando un grupo se convierte en gobierno, porque así empezarían a perseguirse y condenarse las asociaciones ilícitas que existen desde hace años en varias jurisdicciones, en esta Argentina medieval que todos sufrimos y casi nadie desenmascara.

Limitándonos por ahora a lo medular: la persona más poderosa del país, durante su virtual reinado, ha sido condenada por cometer gravísimos delitos. Tan graves, que el art. 36 de la Constitución dice que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.”

Como bien ha dicho Patricia Bullrich, es inconcebible que este gravísimo delito sea penado como si fuese un robo común, pero bueno, esto debe sere materia de una reforma del Código Penal, como ha propuesto Juntos por el Cambio y ha impedido el kirchnerismo. Ahora se entiende el mtivo. Sea cual fuere la pena, lo concreto es que Cristina Kirchner ha sido declarada delincuente, para decirlo sin vueltas, por jueces que fueron designados por concurso y cuyos pliegos fueron seleccionados y firmados precisamente por la condenada.

Comparemos esto con nuestro pasado: tomando a algunas poderosas personas de nuestra historia, no podemos imaginar a Rosas condenado mientras estaba en el poder por jueces nombrados por él, ni a Perón ni a Videla ni a Menem. La Argentina ha vivido toda su historia institucional sin poner en verdadero funcionamiento a la institución judicial, que la Constitución y toda la teoría constitucional del mundo, suponen como un baluarte de aplicación igualitaria de las leyes, como un freno al absolutismo de los gobernantes y como una garantía para los simples ciudadanos.

Francamente y lo ha desarrollado hace poco en profundidad Rosendo Fraga, por no citar a Carlos Nino, el sistema judicial argentino ha sido una trinchera defensiva para los que usaron y abusaron del estado, en beneficio propio. Salvo excepciones, claro. Eso ha cambiado el 6 de diciembre de 2022. Repentinamente, la Argentina se suma al grupo de naciones desarrolladas institucionalmente y la mayoría, también económicamente. Porque no hay prosperidad económica sin instituciones fuertes.

En Estados Unidos, Canadá y Europa, ha habido casos de máximas figuras de la política que, en el poder o cerca de él, han sido investigadas, juzgadas y condenadas por delitos de corrupción, y muchas han ido a la cárcel. Dicho sea de paso, por valores infinitamente inferiores a los casi 500 millones de dólares a los que se refiere la condena a Cristina Kirchner. Las noticias esparcidas ayer en el mundo, lejos de ser una mácula para la Argentina, son aire fresco a los ojos de inversores y gobiernos extranjeros. A partir de este fallo logrado por los fiscales Luciani y Mola y dictado por los jueces Gorini, Rodríguez Uriburu y Basso, la Argentina de los poderosos intocables se empieza a resquebrajar.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola apelarán la sentencia que condenó a seis años de prisión a CFK, al haber sido absuelta por el delito de asociación ilícita y solo condenada por administración fraudulenta.

Digo que se empieza a resquebrajar porque esta sentencia es histórica, medular, legal y valiente, pero es solo un decisivo comienzo. Solo un comienzo. Es solamente un comienzo porque la decisión es perfectible en lo que a la asociación ilícita se refiere,
porque aún no está firme y fundamentalmente porque aún no está generalizada, internalizada por la sociedad y por la clase política.
Por lógica, aún es una excepción. Hagamos que sea una regla. Una regla generalizada no solamente en lo que hace a las otras causas en las que la onda expansiva del fallo tendrá necesariamente efectos (Cuadernos, Hotesur, Los Sauces) sino en todas las causas que debe haber contra quienes nos vienen robando a diestra y siniestra desde hace décadas.

Y no se trata solo de causas: se trata de que el miedo a la ley y a la sanción legal se expanda, especialmente, en la conducta de la casta político-sindical-empresaria que se ha entronizado en el país desde hace décadas y nos exprime. Sabemos que esa casta existe porque sufrimos la presión tributaria más alta del planeta si la contrastamos con lo que recibimos a cambio. De esa presión tributaria, sumada al endeudamiento externo y al robo inflacionario, es de donde surge el dinero que alimenta a tantas fortunas inexplicables en políticos que jamás hicieron otra cosa que cobrar sueldos formalmente bajos.

A la riqueza de sindicalistas y líderes de orgas a quienes no se les conoce trabajo alguno y a la prosperidad de empresarios ineficientes, protegidos por murallas aduaneras y por un estado cooptado que saquean gracias a sus colegas de casta. La sentencia del Tribunal Oral Federal No 2 debiera ser un faro que alumbre a todo el Poder Judicial. Para eso, no solo debe ser confirmada y cumplida, sino debe ser apoyada activa y pasivamente por quienes, desde diversos ámbitos, queremos que nuestros hijos y nietos dejen de escaparse al exterior o de sufrir adentro de este gran país.

Si demostramos al mundo que esto no fue una efímera golondrina, si mantenemos y profundizamos esta línea de conducta, entraremos en serio al siglo XXI y nuestro desafío y problema serán solamente el clima y la competencia de otros países, no nuestros propios delincuentes elegidos para gobernar, como hasta hoy.

Alejandro Fargosi es abogado, fue miembro del Consejero de la Magistratura de la Nación

Temas

¿Querés recibir notificaciones de alertas?