La Corte Suprema declaró su competencia originaria en causas por ingresos brutos en CABA

La Corte Suprema declaró su competencia originaria en causas por ingresos brutos en CABA

Se trata del planteo de inconstitucionalidad hecho por el BCRA y por la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) contra una modificación realizada por la ciudad que eliminó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades.

Lourdes Marchese

Lourdes Marchese

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró su competencia originaria en dos causas en las que se discute el régimen normativo establecido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos.

La primera fue realizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que planteó la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021, la modificación al Código Fiscal y la Ley de Presupuesto 2021 mediante las cuales el gobierno porteño eliminó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos o grava con ese impuesto determinadas actividades -operaciones de pases, reguladas por el BCRA, cuando los activos subyacentes o colaterales sean los autorizados por dicha entidad, y las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA-.

El BCRA alegó en su presentación que las normas tributarias locales en cuestión afectan de forma directa y grave las finalidades y funciones que le han sido atribuidas al BCRA y alteran significativamente la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional. 

Así sostuvo que los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos por el BCRA son herramientas de la política monetaria destinadas a lograr la estabilidad financiera y cambiaria y se ven distorsionadas al ser gravadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Recordemos que esta modificación fue producto de la quita de coparticipación del Gobierno nacional y a lo que recurrió Horacio Rodriguez Larreta para solventar esa pérdida, junto con el impuesto a la tarjeta de crédito. 

Al remitir al dictamen de la Procuración, la Corte refirió que el BCRA es una entidad autárquica nacional que, según lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Nacional y 55 de su Carta Orgánica, está sometido al fuero federal, mientras que la Ciudad de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte.

De este modo por unanimidad resolvió la competencia y corrió traslado a la demandada que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por un plazo de 60 días. 

En tanto, la segunda presentación corresponde a la Asociación Civil de Bancos Argentinos (ADEBA) y un grupo de bancos que demandó al Gobierno porteño y su Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Tarifaria 2021 y de la modificación al Código Fiscal -y su normativa complementaria-, que ordenó la eliminación de la exención en el impuesto sobre los ingresos brutos que regía para las operaciones realizadas con títulos, bonos, letras, certificados y demás instrumentos emitidos por el BCRA y, como consecuencia de ello, que los bancos debían tributar dicha gabela por las compensaciones o rendimientos generados por las operaciones ejecutadas por medio de esos instrumentos, con una alícuota del ocho por ciento (8%).

Al realizar la demanda dijeron que ese proceder afecta gravemente la utilización y el resultado de los instrumentos y las herramientas del BCRA destinadas a regular la política monetaria nacional y cuestionaron que el GCBA pretenda gravar las compensaciones de las letras de liquidez (“LELIQ”) y los pases pasivos con las entidades financieras (“PP”).

Al tratarse de una causa análoga a la del Banco Central contra la Ciudad, el Máximo tribunal consideró que debe tramitar allí por lo que le corrió traslado también por 60 días al gobierno porteño.

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