Opinión

Idóneos, abstenerse

El presidente de la Cámara de Diputados hace un análisis crítico sobre la educación y cuestiona el proyecto de Lucas Ilardo sobre los requisitos para ser titular de la DGE.

Andrés Lombardi domingo, 20 de noviembre de 2022 · 07:17 hs
Idóneos, abstenerse

*Por Andrés Lombardi, diputado provincia de la UCR

La educación es, sin dudas, uno de los principales pilares donde se forja el futuro de una Nación. El debate en torno a ella siempre es bienvenido, pero con argumentos sólidos que realmente aporten a esa formación humana y sobre todo, de ciudadanía.

Sabiamente, la Constitución de Mendoza, pese a sus más de cien años, le ha dado al cargo de Director General de Escuelas un estatus diferente. De hecho, comparativamente, podría decirse que es el más democrático de todos los ministerios porque quien asume ese rol, debe contar con la aprobación de la Legislatura, donde están representadas todas las voces a través del voto popular.

Los constituyentes de la época apelaban a la idoneidad para gestionar, y no fue mero capricho. Porque tal cualidad no está garantizada según la profesión o el lugar donde se la ejerza, sino por la formación integral o, como dice la RAE, “la cualidad personal necesaria para la prestación de un servicio concreto o la asunción de un cargo”.

Proponer que el titular de la DGE sea un docente que provenga de la enseñanza pública no sólo es demagogo, sino incluso discriminador. No es más ni mejor docente uno sobre otro; ambos surgen de las mismas universidades; ambos reciben la misma capacitación por parte del Estado y ambos imparten la misma currícula.

Aun así, tampoco está garantizada la capacidad de gestionar. Existe un Consejo de Educación, hay supervisores, directores de escuela, toda una estructura que trabaja de manera permanente en mutua colaboración, y que son la materia prima de la que se nutre quien gestiona.

Si de conocer la realidad se trata, hay escuelas albergue, rurales, con distintas modalidades,  en zonas sumamente alejadas donde el diario vivir es bastante diferente al de la gran metrópolis. ¿Qué docente sería el indicado, entonces, para el cargo?

Y aún más, si se impusiera ese requisito, qué queda para el resto de la Administración Pública empezando por el gobernador. Debería ser abogado, para conocer de jurisprudencia; economista, para  pensar estratégicamente el desarrollo de la provincia; tener experiencia previa como intendente o gobernador. Los mismos legisladores, deberían haber sido concejales previamente; ser politólogos, abogados o contadores.

Bajo esa óptica, quien no tenga título o al menos no uno afín a la función, no estaría capacitado para ocupar una banca o para dirigir los destinos de la provincia; el Ministro de Defensa de la Nación debería tener experiencia previa en las Fuerzas Armadas para entender sobre ejecución de estrategias en caso de conflicto bélico; el Ministro de Seguridad debería ser policía y los directores de hospitales únicamente médicos cuando en realidad su función, va más allá de la especificidad porque también se administran recursos físicos y humanos y se requiere de una visión global, macro, para gestionar de la mejor manera ese servicio público.

No obstante, no sorprende el pensamiento de alguien que es fiel representante de un presidente para el que el mérito y la idoneidad, no son importantes.

En un país, donde la educación viene en decadencia – como la economía y la esperanza entre tantas otras cosas -, apelar a la demagogia es el más antiguo recurso de quienes no tienen consenso social. Para ellos, como ya lo han dejado claro, quienes tienen méritos e idoneidad, deben abstenerse.

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