El peligroso silencio ante el retorno del gatillo fácil

El peligroso silencio ante el retorno del gatillo fácil

El abogado Carlos Varela Álvarez reflexiona en este texto sobre dos muertes en las que están implicados efectivos policiales. Cuestiona "el silencio absoluto de la clase política, gobierno y oposición, y la sociedad de civil".

MDZ Política

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Es cierto que nuestra sociedad está más que abrumada con tantas pálidas como sobrevivir a la pandemia, la eterna crisis económica y social, las distancias humanas, las pérdidas de vidas sentidas de amigos, familiares y vecinos que  hacen que en la vida cotidiana tratemos de evitar las malas noticias.

Sólo parecen conmover en esa agenda o estrecha ventana los casos o crímenes de odio o femicidios, donde los grupos con toda la razón exigen la justicia que la prevención no otorgó. Esos colectivos producto de una lucha ejemplar ha dado sus frutos, no ha detenido los mismos, pero ha logrado el foco en materia de legislación penal, en evitar impunidades y en llamar la atención de la sociedad civil mediante métodos de todo tipo como las marchas y otros no tan aceptables como los escraches y demonización mediática de quienes aún esperan el martillo del juez.

Así las cosas, durante el 2020 sucedieron diversas violaciones a los derechos humanos, me refiero a actos ilegales de los distintos gobiernos provinciales que lograron poner la atención de la sociedad hoy ya olvidados como los de Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Provincia de Buenos Aires, siendo quizás el del joven Facundo Astudillo Castro que a partir del hallazgo de su cuerpo y posterior pericia que estableció una duda, salió de los medios.

En Mendoza algunos casos no vinculados a la violencia de género sino a la represión lograron llamar la atención. Pero lamentablemente dos hechos en la actualidad muy graves dan cuenta que un peligroso recuerdo de la violencia institucional cuyo nombre disfraza actos prohibidos al Estado. Me refiero a los dos casos de presuntos “gatillo fácil” que han sucedido en estos días, ante el silencio absoluto de la clase política, gobierno y oposición, y la sociedad de civil. No hay comunicados, citaciones, marchas, preguntas, sino sólo parecen como otra simple noticia policial.

Caso Uno; La muerte en la Ciudad de Facundo “kako” Martínez a manos de un policía federal.

Caso Dos. El asesinato de Daniel Giménez en San Martín cuya primera versión fue que aparentemente quiso asaltar a una pareja, siendo el varón policía el que sacó su arma y lo abatió.

El hecho cambió de versión luego porque en realidad los jóvenes, Giménez y otro de apellido Tello quisieron venderle bijouterie a la pareja, lo cual degeneró primero en una discusión, después en una pelea donde le dieron una golpiza al policía y éste le disparó tres veces a Giménez.

Curiosamente los medios que informan sobre estos hechos esconden los nombres de los policías que son investigados como autores de estos hechos. Tienen razón, son personas inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo raro es que de toda otra persona acusada de delito aparece rápidamente toda su historia y fotos sin tener en cuenta si fue o no fue, sólo porque ese derecho a la inocencia no cuenta tanto como la vil primicia.

Lo grave como si esto no fuera poco es que Mendoza tiene varias condenas por la violencia policial desde la época de José Bordón ( casos Castañeda, Garrido- Baigorria y Gómez Yardez), Gabrielli (Guardati), Iglesias ( Zambrano- Rodríguez próximo a ser mandado a la Corte IDH) y fue recientemente condenada en el caso Gorigoitia, quien sentenciado por el asesinato del joven Gómez Romagnoli su caso demostró a su vez que ese proceso seguido contra el policía fue arbitrario al negarle el derecho constitucional a la doble instancia.

Mendoza no puede olvidar ni repetir estos sucesos, es la peor lección que podemos obtener si las prácticas policiales vuelven de esa manera y la sociedad no reacciona.

Así como hoy los centros de estudiantes ya no se toman las  escuelas para que abran las aulas, ni los docentes marchan para recibir a sus alumnos, esta sociedad no puede dejar de reaccionar frente a estos casos, como sí lo ha hecho en forma notable frente la miseria de la vacunación Vip al que el Presidente ha descalificado como “payasadas” frente al intento de averiguar desde el único lugar, que puede como es la justicia, que es lo que ha sucedido. Sin justicia independiente no hay estado que valga la pena.

He ahí los desafíos diarios de nuestra sociedad de escándalos y crisis, donde sobrevivir cada día es un acto heroico pero donde recordar y exigir justicia es tan esencial como respirar frente a este covid moral que nos asfixia.

Si olvidamos seremos necios, pero si nos callamos seremos aún más peligrosos.

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