El desafuero de Romano complica la reforma de la ley 7722

El desafuero de Romano complica la reforma de la ley 7722

El PJ no quiere quitarle la inmunidad al legislador que se opone a los cambios en la norma antiminera y ayer hubo fuertes cruces en la sesión del Senado. El legislador de Protectora ha sido acusado de atentar contra la autoridad en un operativo vial.

Juan Carlos Albornoz

Juan Carlos Albornoz

El pedido de desafuero del senador de Protectora Marcelo Romano podría ser un obstáculo en la búsqueda de consenso opositor para reformar la ley 7722 que restringe la minería metalífera.

Esto quedó a la vista en la sesión que tuvo este martes el Senado. La controversia que allí se produjo quedó opacada por la asunción de presidente de la Nación, Alberto Fernández. Pero lo cierto es que en la Legislatura hubo fuertes cruces y advertencias por el caso Romano y su posible impacto en el tratamiento de la primera ley de la era de Rodolfo Suarez.

La llama se encendió a partir de un pedido de preferencia planteado por el senador radical Diego Costarelli para la nota con el pedido de desafuero que envió a la Legislatura la fiscal correccional Gabriela García Cobos.

Las preferencias aceleran las votaciones de los proyectos en la Legislatura. En este caso, de un pedido para retirar la inmunidad del legislador y que pueda ser investigado por la Justicia.

Romano ha sido acusado por la fiscal de cometer el delito de “atentado a la autoridad” al defender a su hija frente a policías, en un operativo vial del 11 de agosto pasado. La pena por ello es de entre 6 meses y dos años, pero la fiscal no puede avanzar en la causa si antes el Senado no le quita los fueros al legislador.

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, con la firma de su presidente, el radical allegado a Suarez Marcelo Rubio, había aceptado recibir a Romano para que se defendiera de la acusación el lunes próximo. Pero ayer, el senador Costarelli (ex mano derecha de Alfredo Cornejo en el Poder Ejecutivo) buscó apurar la votación del pedido de desafuero para el martes que viene. La preferencia resultó aprobada en un trámite rápido y estalló el conflicto.

El acta de la comisión LAC sobre el caso Romano.

En este marco, y de acuerdo con lo que dijeron sus referentes en plena sesión, el pedido de preferencia de Costarelli fue entendido por el bloque del justicialismo como una imposición de la UCR, ya que no se había acordado en la previa el tratamiento del caso Romano. Las intervenciones en la sesión de los justicialistas reflejaron también que el PJ no está de acuerdo con el desafuero del legislador.

“Vivimos acá un hecho desafortunado, una desinteligencia innecesaria por parte de un senador del oficialismo que pidió una preferencia que no estaba acordada. Tenemos visiones diferentes sobre el tema”, se quejó cuando le tocó hablar el senador peronista Adolfo Bermejo.

Bermejo también advirtió al radicalismo que debe tener cuidado porque va a necesitar “acuerdos políticos” para distintos proyectos, entre ellos, precisamente, la reforma de la ley 7722. “Arruinan la situación por imponer una preferencia. Tengan cuidado cómo se van a manejar. Arranquemos bien porque si no se complica”, señaló.

En medio de idas y venidas, y luego de algunas discusiones en cuarto intermedio, el propio jefe del bloque de senadores de la UCR, Alejandro Diumenjo, anunció que retiraba el pedido de preferencia para la votación del desafuero de Romano que había realizado su correligionario Costarelli.

“En el bloque habíamos decidido esta preferencia y hubo un problema de comunicación con la oposición. Voy a retirar la preferencia del expediente 73726”, afirmó al micrófono Diumenjo.

Este planteo también se aprobó y el PJ lo festejó. Eso sí, el peronismo habló de una interna entre “cornejistas” y “suaristas” en el bloque radical por el desafuero de Romano. También indicó que sería “una locura” desaforar al senador Romano por un hecho menor.

Distinto fue lo que se dijo desde la bancada radical del Senado, en la cual se intentó sostener ayer que no habían cortocircuitos entre los radicales. Según esta versión, la preferencia no fue comunicada a la oposición porque esta semana no hubo reunión de labor parlamentaria, que es el encuentro previo donde se informan los temas que se van a tratar en la sesión.

Cualquiera sea la verdad, los peronistas blanquearon que la reforma de la ley 7722 se podría trabar si progresa el desafuero de Romano, que es uno de los principales defensores de la norma sancionada en 2007. “No podemos debatir la reforma de la 7722 con un legislador que dice que lo estamos corriendo por defenderla”, explican en el justicialismo.

En la convulsionada sesión, el jefe del bloque del PJ, Lucas Ilardo, también hizo referencia específica al ingreso del proyecto de reforma de la ley 7722 y, en ese contexto, festejó el retiro de la preferencia para el caso Romano.

“En el marco del debate de una ley tan importante, no debe haber ninguna mancha o suspicacia que pueda poner en duda la buena fe y buena voluntad, y la intencionalidad de este Legislatura y de Suarez al enviar un proyecto de ley, que es mejorar la vida de los mendocinos”, expresó.

Ayer circularon otra vez versiones de que habría un acuerdo entre radicales y peronistas para sacar la reforma en forma exprés en la Legislatura. El plan del oficialismo, no obstante, no es así, pero los radicales tampoco se van a relajar.

En el Senado, están proponiendo un plenario de comisiones conjunto de las dos cámaras para aprobar la ley antes de que termine diciembre, con la mayor cantidad de votos a favor posible, tal como reveló ayer el senador Diumenjo en MDZ Radio.

El peronismo apoya al gobernador nuevo y podría acompañar el proyecto de Suarez, pero pide que respeten sus tiempos para “hablar con todos”. La protección del senador Romano ante la embestida de la Justicia podría ser otra condición.

Mirá acá la sesión completa del Senado en la que estalló este conflicto:

 

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