Ley del “Sólo sí es sí” en España: piden la renuncia de la ministra de Igualdad

Ley del “Sólo sí es sí” en España: piden la renuncia de la ministra de Igualdad

Recientemente se aprobó en España la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley de Libertad Sexual o ley del “Sólo sí es sí”. Sin embargo, este cambio jurídico tuvo consecuencias inesperadas: la excarcelación de personas que habían sido condenadas por delitos sexuales.

José Luis Jacobo

José Luis Jacobo

Laura Morell Aldana es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura del Reino de España, organismo que ha pedido la renuncia de Irene Montero, ministra de Igualdad de dicho país. Tanto Montero como otros impulsores de la ley del “Sólo sí es sí” han acusado a los jueces españoles de prevaricato, o de no saber aplicar de manera esta nueva norma. Los jueces aseguran que sólo están respetando de manera rigurosa lo que dice la ley.

La polémica alrededor de este cambio en la legislación española se desató cuando tres personas condenadas por delitos sexuales, amparándose en este cambio en las leyes, lograron su excarcelación. La ley es criticada por vulnerar la presunción de inocencia y el principio de igualdad ante la ley; pero, además, elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, lo que ha permitido que algunos abogados defensores logren reducciones en las penas de sus defendidos o, incluso, la excarcelación.

En una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, Morell Aldana explicó: “Es una ley que plantea una serie de disposiciones adicionales, y una de ellas modifica el Código Penal. Ha sido una reforma muy profunda y, desde nuestro punto de vista, inadecuada en cuanto a la técnica que se ha empleado. Es tal la inadecuación que tiene, que está provocando que algunas de las penas para los delitos —que ahora todos se engloban en lo que se llama agresión sexual—, se hayan rebajado, y se nos está acusando a los jueces y magistrados —que en España la mayoría somos mujeres— de prevaricar o de no saber aplicar correctamente esta ley, cuando realmente lo que estamos haciendo es cumplir rigurosamente con la misma. Insisto que la mayoría de los miembros de la carrera judicial en España somos mujeres, y se nos acusa de falta de perspectiva de género y de no saber aplicar bien la ley. Y la ley la han hecho los legisladores, no los jueces”.

Ante la falta de previsión de los legisladores, que no advirtieron esta consecuencia que tendría la aplicación de la ley, Morell Aldana aseguró: “Es sorprendente, sobre todo porque hay un informe del Consejo General del Poder Judicial —que es el órgano que vela por el aspecto gubernativo de los jueces en España y por nuestra independencia—, que es muy extenso y demoledor al respecto de los efectos adversos que podría traer el rebajar las penas. Esto se advirtió claramente y se puso a disposición de los legisladores, porque estos informes son obligatorios. Estamos sorprendidos porque en esos informes se advirtió claramente las consecuencias inadecuadas de la sanción de esta ley del ‘Sólo sí es sí’ y fueron pasados por alto”.

Ante las críticas de parte de la ministra de Igualdad española Irene Montero, quien aseguró que van a seguir impulsando un “estado feminista”, Morell Aldana insistió en que la conformación del poder judicial español tiene una presencia mayoritaria de mujeres: “Son datos públicos: en la página del poder judicial se aprecia que en la composición de la carrera más del 55% somos mujeres, y además magistradas y juezas muy jóvenes, por lo tanto, pertenecemos al mundo nuevo, a las nuevas tecnologías, y estamos formadas en perspectiva de género. Yo particularmente, soy delegada de Igualdad y estoy formada en perspectiva de género”.

Morell Aldana insistió en que no existen razones para las fuertes críticas que está recibiendo el poder judicial ante la aplicación de esta nueva ley: “No se explican estos acosos y derribos constantes al poder judicial cuando la composición es mayoritariamente femenina. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a aplicar la ley, y si la ley es errónea, nunca puede ser culpa de los jueces. Habrá que buscar otros culpables”.

La magistrada explicó cuáles son las razones que llevan a que se haya producido esta reducción en las penas: “Antes de esta reforma del Código Penal español, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales ya pivotaban sobre el consentimiento. No teníamos una laguna antes que necesitáramos rellenar, porque lo básico es si ha habido o no consentimiento de la víctima. Los jueces amparamos a las víctimas, pero también a los procesados que tienen sus derechos, como la presunción de inocencia. ¿Cómo hemos llegado a esto? Ni siquiera es la parte central de la norma, si no una disposición adicional donde lo que se hace es modificar el Código Penal y se elimina la diferencia entre agresión, que es cuando hay violencia e intimidación, y abuso, que es cuando no hay ni violencia ni intimidación. Se han modificado las penas que los jueces y magistrados podemos imponer para los delitos ahora llamados de agresión sexual. Entonces, si la agresión sexual pasa de tener ocho años de prisión como tenía antes a tener seis, hay un principio en nuestro ordenamiento jurídico que dice que hay que aplicarle al reo, a la persona condenada, no importa que sea varón o mujer, la ley penal más favorable. Y claro, evidentemente, es más favorable si te han condenado para la pena mínima de ocho años, que se revise tu sentencia, que es un procedimiento muy habitual, y la pena pase a ser sólo de seis años. Estamos hablando de que incluso se han producido excarcelaciones”.

Morell Aldana aseguró que los jueces y magistrados comprenden la conmoción que esta situación supone para las familias de las víctimas: “Es una situación terrible. Las juezas y magistradas nos posicionamos también del lado de las víctimas, y somos consientes desde la Asociación Profesional de la Magistratura que esto produce una reutilización de las víctimas. Ayer por la noche ha salido una entrevista a una víctima de violación y tentativa de asesinato por parte de su marido al cual se le ha visto rebajada, por la aplicación de esta nueva ley penal más favorable, dos o tres años la condena, y esta mujer tiene miedo. Y los jueces y juezas nos sentimos impotentes ante esta situación, pero es que la ley es así. Y es un principio básico de nuestra Constitución y de nuestro Código Penal que debemos aplicarle al condenado la ley penal más favorable. Si bajas los límites mínimos de las penas a imponer, puede acontecer esta penosa situación”.

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