Acovi pidió un "plan demográfico" para frenar la toma de tierras en Mendoza

Acovi pidió un "plan demográfico" para frenar la toma de tierras en Mendoza

La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina pidió al Gobierno políticas de Estado y medidas urgentes de seguridad para "salvaguardar la integridad física y material de las familias" que viven en las zonas rurales.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

En un comunicado, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Argentina pidió al Gobierno medidas urgentes de seguridad para proteger a las familias de las zonas rurales de la toma de tierras, una rápida actuación de la justicia para reestablecer los derechos vulnerados de los pobladores rurales, víctimas de esta situación y un "plan demográfico" que contemple una respuesta al déficit habitacional en la provincia.

El comunicado completo:

Desde el Cooperativismo vitivinícola argentino expresamos nuestra profunda preocupación frente a la situación de inseguridad que aqueja a las zonas rurales y en particular por los hechos de público conocimiento relativos a las tomas de terrenos privados. La propiedad privada es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución Nacional que en su artículo 17 expresa que la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley, se trata de delitos graves  contra la propiedad y una violación a los más elementales derechos consagrados en la legislación vigente.

Por otro lado, somos conscientes de que nuestro país atraviesa una grave  problemática social y económica donde la desesperante situación de pobreza desnuda una problemática de muchos años por falta de políticas sociales efectivas que generen empleo y den respuesta al déficit habitacional.

Desde el sector cooperativo estamos seguros de que estos problemas se pueden solucionar mediante políticas de estado que promuevan el desarrollo local, el arraigo, la continuidad generacional y empleo genuino; apostando al sector rural mediante la articulación con el sector público-privado.

Por lo expuesto, el sector político en su conjunto, debe adoptar de manera urgente políticas de seguridad en vistas a prevenir el delito en zonas rurales, permitiendo salvaguardar la integridad física y material de las familias; exigiendo a su vez la rápida actuación de la justicia para reestablecer los derechos vulnerados.

Dicha problemática social existente se debe enfrentar de distintas formas. Las autoridades nacionales, provinciales y municipales deben implementar de modo urgente un plan demográfico coordinado con el sector privado consistente en llevar a cabo
políticas de desarrollo habitacional y demográfico que permitan vincular la territorialidad y riqueza de nuestra provincia con la gran potencialidad de desarrollo rural y productivo.

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